La demora en aprobar la suspensión de la regla de gasto juega en contra de los ayuntamientos

septiembre 18, 2020
ayuntamiento de marratxi

 

El margen que tienen los ayuntamientos para gastar el superávit de los ejercicios 2018-2019 en lo que queda de 2020 es mínimo

 

Tras tumbar el Congreso la aprobación del decreto por el que los ayuntamientos podían ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a cambio de recibir 5.000€ a fondo perdido (de los cuales 8 millones hubiesen correspondido al Ajuntament de Marratxí), Hacienda está intensificando las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para asegurar su apoyo al nuevo decreto sobre el superávit de los ayuntamientos y a la anunciada suspensión de la regla de gasto hasta 2021 que les permitiría gastar el remanente de los ejercicios 2018-2019.

Hay que recordar que tras la aplicación de la llamada Ley Montoro aprobada por el Gobierno del PP en 2012, Marratxí ha ido acumulando en los bancos 33 millones de euros que no puede gastar.

A pesar de las prisas del ejecutivo de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con la oposición, el tiempo juega en contra de los ayuntamientos, porque tal como se ha advertido desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el margen que tienen los consistorios para gastar el superávit de los ejercicios 2018-2019 en lo que queda de 2020 es mínimo, por lo que de poco serviría suspender la regla de gasto este año si apenas tendrán tres meses para emplear el superávit.

Pero este margen para gastar aún puede ser menor, ya que el decreto todavía debe llevarse primero al Consejo de Ministros y posteriormente convalidarlo en el Congreso. A partir de ahí, los ayuntamientos todavía tendrían que realizar las adjudicaciones de los contratos y llevar a cabo una planificación que hasta ahora no ha sido posible, al desconocer los recursos con que contarán.

Para lo que sí contarían con margen es para concluir los proyectos de inversiones financieramente sostenibles, un mecanismo por el que ya se permite a los ayuntamientos utilizar el superávit en inversiones consideradas sostenibles en el tiempo y en determinados servicios públicos esenciales iniciados en 2019 y que se estén financiados con superávit de 2018, pues se podrían prolongar hasta 2021.



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