ALA, Asociación de Líneas Aéreas avisa de que el impago del Gobierno de las subvenciones a residentes adelantadas por las aerolíneas pone en peligro la conectividad con las Islas.
ALA, Asociación de Líneas Aéreas ha dado la voz de alarma. Asegura que la deuda del Estado con las compañías aéreas responde a unos presupuestos del Estado infradotados mientras que la conectividad aérea con Baleares aumenta progresivamente, casi un 12,85 por ciento en 2024 respecto a 2019.
Exponen que ante esta situación, las compañías aéreas que conectan Baleares con la península y operan vuelos entre las islas podrían verse obligadas a dejar de operar en algún caso estas rutas, o disminuir frecuencias. Afirman que a enero de 2025 la deuda a las aerolíneas que operan estas rutas asciende a 810 millones de euros por las cantidades adelantadas en concepto de las subvenciones a residentes del 75 por ciento en el precio de los billetes. ALA teme que esta deuda se eleve a 1.500 millones este año con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados si el Gobierno no toma medidas.
Recuerdan que para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Baleares, al igual que los de Canarias, Ceuta y Melilla, tienen reconocido una subvención de hasta el 75 por ciento en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una subvención reconocida y dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Insisten en que las aerolíneas son meros intermediarios, se encargan de la ejecución del programa. Es decir, que actúan como entidades colaboradoras de la Administración de acuerdo a lo establecido en la normativa, aplicando el porcentaje de subvención legalmente establecido en el momento de la adquisición del billete subvencionado, y liquidando posteriormente ante la Administración, en este caso la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la cantidad restante, una vez el pasajero ha realizado el viaje objeto de la correspondiente bonificación. La DGAC es la encargada por su parte de gestionar los créditos presupuestarios previstos para hacer frente a la subvención, y de abonar el importe de las subvenciones a las compañías aéreas.
En resumen, las aerolíneas aplican la subvención en el billete del residente. Denuncian que el Ejecutivo ha venido retrasando dicha liquidación durante 2024, incrementándose el importe adeudado a las compañías aéreas que prestan estos servicios y que, a día de hoy, no se ha liquidado completamente por la Administración pese a los reiterados requerimientos por parte de ALA.
“La asignación presupuestaria destinada a las subvenciones en el transporte aéreo a los residentes de Baleares, así como a los de Canarias, Ceuta y Melilla está infradotada. La asignación en los Presupuestos Generales de 2023, prorrogada en 2024 y 2025, ha resultado del todo insuficiente para cubrir las subvenciones de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos y todo apunta que el problema que hemos sufrido las aerolíneas en 2024, soportando esta deuda multimillonaria del Gobierno, se repetirá este año 2025 con unos presupuestos prorrogados. El Ejecutivo debe poner solución cuanto antes a ese grave problema”, asevera Gándara.
El Gobierno asignó 560,81 millones en los PGE para 2023 en subvenciones al tráfico aéreo regular de residentes extra-peninsulares, una cuantía que se ha visto ampliamente superada por una demanda de estas ayudas por encima del previsto. A esta cuantía se han sumado otros 170 millones a través del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, pero igualmente se ha quedado corto y todavía quedan pendiente por abonar una importante suma de cientos de millones para cubrir las cuantías adelantadas por las compañías aéreas en concepto de subvenciones.
Esta falta de compromiso presupuestario por parte del Gobierno contrasta con el esfuerzo de las compañías aéreas aumentando la conectividad aérea de estas regiones y, con ellos, su cohesión social y territorial. En concreto, la oferta de capacidad en las rutas entre Baleares y la península ha alcanzado los 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85% por encima de 2019, siendo la conectividad es fundamental para la cohesión territorial, intercambios comerciales y desarrollo económico y social
Además, esta falta de financiación por parte del Ejecutivo está perjudicando también a las agencias de viajes pues está obstaculizando que cobren los importes por gasto de gestión de billetes subvencionados que abona el Estado a través de las aerolíneas.
“Esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de las rutas entre Baleares y la península e interislas y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo, afirma el presidente de ALA, Javier Gándara, quien añade que debe tenerse en cuenta que el transporte aéreo es el posibilitador de la actividad turística en Baleares, principal motor de crecimiento económico y generador de empleo del archipiélago, supone el 45% PIB y el 32% del empleo.
El presidente de ALA reclama al Gobierno que abone cuanto antes la cuantía adeudada a las compañías que operan estas rutas que conectan Baleares con la península e interislas y que corrija esta situación a futuro con partidas presupuestarias suficientemente dotadas y más realistas con las necesidades de demanda para evitar “errores de cálculo” como el registrado en las cuentas públicas de 2023, con una partida para estas subvenciones menor a la de los dos años precedentes, en concreto 652 millones de euros en 2021 y 641 millones en 2022.
Las aerolíneas prevén que este año 2025 tendrán que soportar retrasos de pago pues todo apunta que se prorrogarán los Presupuestos de 2023, es decir, se contará con una partida de 560,8 millones para cubrir las subvenciones a residentes este ejercicio, cuyo gasto se estima que alcance los 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar los 810 millones de euros pendientes de 2024, lo que vaticina más retrasos e impagos por parte del Estado a las aerolíneas si no se da una solución alternativa.
