Consideran que la norma otorga todo el poder al PP y deja a las personas vulnerables sin garantías.
Més por Marratxí ha denunciado sin paliativos que el Partido Popular, liderado por el alcalde Jaume Llompart, ha aprobado un reglamento de viviendas sociales “a su medida”, que permite manejar con total discrecionalidad las adjudicaciones de vivienda de emergencia. Aina Amengual, portavoz ecosoberanista, advierte que “es muy peligroso que no exista ningún mecanismo de control ni publicidad de las decisiones en un tema tan sensible como este”.
En el pleno municipal de septiembre, Més recalcó que la adjudicación de viviendas de emergencia debe estar muy por encima en transparencia que otros asuntos. “Hablamos de familias al límite, que necesitan una respuesta justa e igualitaria. No se puede entregar la llave al criterio político arbitrario”, afirmó Amengual.
La formación pide a PP y Vox que rectifiquen.
Problemas que denuncian
- Se han rechazado casi todas las alegaciones presentadas. De las nueve que propusieron, solo una fue aceptada parcialmente; el resto fueron respondidas con evasivas.
- No hay transparencia sobre cuántas viviendas hay ni en qué condiciones se ofrecen.
- No se define claramente qué constituye una emergencia social. Quedan decisiones abiertas al criterio político.
- Se suprime una comisión de valoración imparcial. Las marchas de sospecha quedan abiertas.
- No existen baremos objetivos ni mecanismos públicos de desempate. Todo queda en manos del gobierno local.
- Las familias podrían quedarse sin cobertura después de un año, sin itinerarios claros de seguimiento.
- Hay adjudicaciones excepcionales sin control, justificadas con frases vagas como “que el PP lo hará bien”.
Més por Marratxí acusa al PP de diseñar una norma que les otorga poder absoluto, sin tener que rendir cuentas ni publicar los criterios de adjudicación. Amengual lo resume claro: “Cuando se trata de recursos públicos, y más aún de vivienda de emergencia, la ciudadanía debe tener la garantía de que todo se hace con transparencia y justicia. No podemos tolerar que se convierta en una herramienta de clientelismo político”.
