El IPSE solicita una actuación contundente tras la caída global del sistema de pagos digitales.
El Instituto de Política Social (IPSE) lanza una dura advertencia al Gobierno español tras la caída global del sistema de pagos digitales. La organización denuncia que el fallo tecnológico ha dejado a miles de personas sin acceso a productos básicos como alimentos, medicamentos o transporte público.
Una crisis digital con impacto real
En un comunicado emitido este lunes 20 de octubre, el IPSE califica la situación como “inadmisible” y denuncia la parálisis total de la vida económica en España. Comercios, farmacias, supermercados y transportes han sufrido graves interrupciones por la caída del sistema, afectando a ciudadanos que no disponen de efectivo.
“Hoy hemos visto cómo el dinero digital puede desaparecer en segundos. La dependencia ciega de bancos y tecnológicas nos ha dejado sin lo más básico”, alerta el IPSE.
“El Estado no puede mirar hacia otro lado”
Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del Instituto, ha sido tajante: “Miles de españoles no pueden pagar un café, un autobús o una barra de pan. Y el Gobierno, mientras tanto, mira hacia otro lado. No se puede condenar a un país entero porque no tenga dinero en efectivo.”
El IPSE exige que se garantice la gratuidad temporal de servicios esenciales hasta que se restablezca el sistema: alimentación básica, medicamentos, transporte público y suministros.
Una ley nacional de contingencia financiera
Ante este escenario, el IPSE reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez una ley de contingencia financiera, que obligue a todas las administraciones —estatales, autonómicas y locales— a contar con planes de emergencia para garantizar servicios básicos en caso de colapso financiero o tecnológico.
“España debe prepararse para garantizar la supervivencia y la dignidad de sus ciudadanos cuando todo falle”, advierte la entidad.
“El dinero digital es dependencia, el físico es libertad”
Además, el IPSE alerta del riesgo estructural que supone la eliminación del dinero en efectivo, denunciando que esta transición forma parte de “una agenda global de control social”.
“Cuando un gobierno impulsa un modelo 100% digital, está firmando la sentencia de su propia población”, sentencia el comunicado.
