Aseguran que los efectos para las pymes son terribles.
PIMEM recuerda que el retraso en el pago de las facturas por parte de la Administración tiene consecuencias especialmente graves para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que suelen operar con márgenes ajustados y una tesorería limitada. A diferencia de las grandes compañías, las pymes dependen del cobro puntual para afrontar gastos corrientes como salarios, alquileres, impuestos, proveedores y costes financieros. Cuando la Administración incumple los plazos legales de pago, traslada su falta de liquidez a empresas que no tienen capacidad para absorber ese impacto.
Para el presidente de la patronal, Jordi Mora, “una de las consecuencias más inmediatas es el deterioro de la liquidez, lo que obliga a muchas pymes a recurrir a financiación externa para sobrevivir. Esto supone asumir intereses, comisiones y un mayor endeudamiento que reduce su rentabilidad y competitividad. En casos extremos, el retraso en los cobros puede provocar impagos en cadena, tensiones laborales e incluso el cierre del negocio”.
Por otra parte, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se ha denunciado los elevados plazos de pago de las Administraciones Públicas a les Illes Balears. Su directora ejecutiva, Pilar Ferrer, asegura que “no son un dato aislado ni coyuntural, sino la confirmación de una práctica estructural que lastra desde hace años la actividad de miles de empresas y autónomos: Resulta inaceptable que las propias Administraciones, obligadas a ser ejemplo de cumplimiento, sigan incumpliendo de manera sistemática la normativa vigente, trasladando su falta de disciplina financiera al tejido productivo”.
«la Administración exige puntualidad absoluta en el pago de impuestos y cotizaciones, pero no ofrece el mismo cumplimiento a sus proveedores»
Tanto PIMEM como la Plataforma coinciden que esta situación asfixia la liquidez, frena la inversión y pone en riesgo el empleo, especialmente en las pymes, que no pueden seguir actuando como financiadores involuntarios del sector público. Ferrer añade que “desde la PMcM llevamos un largo recorrido denunciando estas prácticas, impulsando reformas y reclamando medidas efectivas y sancionadoras que garanticen el pago en plazo. Seguiremos trabajando con determinación hasta erradicar una morosidad pública que no solo es injusta, sino profundamente dañina para la economía y la confianza en las instituciones”.
En otra línea de denuncia PIMEM recuerda al Govern que esta situación genera una clara desigualdad: la Administración exige puntualidad absoluta en el pago de impuestos y cotizaciones, pero no ofrece el mismo cumplimiento a sus proveedores. Esto mina la confianza en las instituciones públicas y desincentiva que las pymes participen en contratos públicos, reduciendo la competencia y la calidad del servicio.
En definitiva, apuntan tanto la Plataforma como la patronal mallorquina, el retraso en el pago no es un simple problema administrativo, sino un factor que amenaza la viabilidad, el crecimiento y el empleo generado por las pymes.
