Vox vota en contra y el PP se abstiene ante la moción para visibilizar al colectivo LGTBIQ+.
El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción que obliga al ejecutivo presidido por Llorenç Galmés a colgar la bandera LGTBIQ+ en la fachada principal del edificio de Palma el próximo 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo. La iniciativa ha salido adelante gracias al bloque mayoritario de la oposición, dejando en evidencia la falta de consenso del equipo de gobierno.
La propuesta, defendida y registrada por el grupo ecosoberanista Més per Mallorca, ha fracturado la sintonía de las fuerzas conservadoras en el hemiciclo. Mientras que los consellers de Vox han votado en contra de forma contundente, el Partido Popular ha optado por la abstención, permitiendo de forma indirecta que la izquierda recuperara este símbolo para la sede de la institución.
La consellera insular de Més, Rosa Cursach, ha sido la encargada de defender el texto, lanzando un mensaje muy crítico contra la deriva de los pactos de gobierno autonómicos y locales. «Las instituciones públicas no pueden mantener una actitud pasiva o equidistantede ante los ataques a los derechos del colectivo», ha advertido Cursach, remarcando que la protección de la diversidad es una obligación estrictamente democrática y no una cuestión de disputa partidista.
Desde las filas de Més lamentan que la llegada de los nuevos ejecutivos de derechas a los ayuntamientos y al propio Consell haya provocado un progresivo retroceso en la visibilidad de las políticas de igualdad. La formación ha recordado que colgar la bandera del Orgullo no responde a un mero acto decorativo, sino que representa un escudo de protección para miles de ciudadanos frente a los discursos de odio.
El acuerdo plenario aprobado no solo vincula al Consell de Mallorca a exhibir la bandera arcoíris en la fachada, sino que exige al departamento correspondiente blindar y reforzar las políticas de sensibilización, educación afectivo-sexual y prevención de la LGTBI-fobia, con especial foco en la población adolescente de los municipios de la isla.
Desde la oposición instan a Galmés a cumplir el mandato de forma inmediata y sin buscar recovecos legales para dilatar la orden.
