El ayuntamiento tiene que dar marcha atrás en Marratxinet tras la presión vecinal y la oposición exige el coste del error.
El Ajuntament de Marratxí ha comenzado a demoler la solera de hormigón ejecutada para instalar un área de aportación de residuos en Marratxinet. La rectificación municipal llega tras el malestar de los residentes y la presión política de Més per Marratxí. La formación ecosoberanista celebra la retirada de la infraestructura, pero exige explicaciones inmediatas al alcalde y concejal de Urbanismo, Jaume Llompart.
Recalcan que el núcleo tradicional de Marratxinet goza de una figura de especial protección patrimonial en las Normas Subsidiarias de Marratxí. Esta normativa busca blindar su estructura histórica y tipología edificatoria tradicional. De hecho, 15 de sus 32 parcelas albergan inmuebles catalogados en el Catálogo municipal de elementos de interés artístico, histórico, ambiental y de patrimonio arquitectónico.
Falta de diálogo con los vecinos en un entorno protegido
El conflicto vecinal estalló cuando los residentes del núcleo histórico detectaron maquinaria pesada trabajando en la zona sin aviso previo. La obra comenzó sin información pública ni consulta previa a los vecinos afectados.
Los residentes denunciaron el impacto visual y funcional de un punto de residuos junto a sus viviendas.
La portavoz de Més, Aina Amengual, mantuvo encuentros con los afectados para trasladar la protesta a las instituciones y a la opinión pública. Amengual califica la actuación de «inaceptable» y apunta de forma directa a la doble responsabilidad institucional de Llompart: «Jaume Llompart no es solo el alcalde, es también el regidor de Urbanismo. Era su responsabilidad saber dónde se actuaba, qué características tiene Marratxinet y qué significaba intervenir en un núcleo especialmente protegido».
¿Cuánto dinero público ha costado el error?
La oposición municipal denuncia que el equipo de gobierno aún no ha entregado los informes técnicos y jurídicos solicitados que justifiquen la viabilidad del proyecto inicial en suelo protegido. Además, reclaman fiscalizar hasta el último céntimo de la rectificación:
- Coste de ejecución: Importe exacto de la construcción de la solera de hormigón.
- Coste de demolición: Factura de los trabajos actuales de picado y retirada de escombros.
- Coste de restitución: Gasto final necesario para dejar el terreno en su estado original.
«Rectificar era necesario, pero no basta. Cuando una administración construye algo y poco después tiene que deshacerlo, tiene la obligación de explicar cuánto ha costado. Hablamos de dinero público, del dinero de todos los marratxiners. Primero pagamos por construirlo y ahora volveremos a pagar por deshacerlo», sentencia Amengual.
Més per Marratxí mantendrá abierta la vía de fiscalización municipal hasta que el consistorio aclare las responsabilidades técnicas y económicas del proyecto.
