Cinco organizaciones se concentrarán este sábado 26 de septiembre para exigir a Cort que cumpla su promesa de eliminar las galeras con caballos.
AnimaNaturalis, PETA, SATYA ANIMAL, FFW y Progreso en Verde convocan una concentración este sábado 26 de septiembre en la Plaça de la Seu de Palma para exigir al Ajuntament que cumpla, esta vez sí, su promesa de retirar los caballos de las calesas turísticas de la ciudad.
La protesta llega apenas meses después de que el Ajuntament de Palma firmara en marzo de 2026 un segundo acuerdo con el gremio de caleseros para sustituir los carruajes de tracción animal por vehículos eléctricos, un pacto que —a diferencia del aprobado en pleno en 2022— no fija ninguna fecha límite vinculante ni contempla sanciones en caso de incumplimiento.
- Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Plaça de la Seu, Palma
El verano que ha terminado ha vuelto a poner el foco sobre el sufrimiento de estos animales: el Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumbó este verano la modificación del reglamento municipal que restringía la circulación de las calesas con calor extremo, lo que permite a los caballos seguir tirando de carruajes con alertas amarillas, activas en el sur de Mallorca a partir de los 36 grados.
«Llevamos desde 2022 escuchando la misma promesa y este verano hemos vuelto a ver caballos trabajando con alertas amarillas por calor porque un tribunal tumbó la única norma que los protegía; no podemos seguir confiando en la buena voluntad de un gremio que ya incumplió una vez», afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
La primera promesa municipal, aprobada en pleno en 2022 a iniciativa de Ciudadanos, fijaba 2024 como año límite para retirar los caballos del servicio. El propio Gobierno central llegó a poner sobre la mesa 250.000 euros a través de un convenio para financiar galeras eléctricas al 100%, además de una partida previa de 70.000 euros impulsada por la entonces Dirección General de Derechos de los Animales. Ninguna de las dos ayudas llegó a ejecutarse: la primera se perdió tras el cambio de gobierno municipal en 2023, que alegó falta de partida presupuestaria. El acuerdo de marzo de 2026 traslada ahora todo el coste a los 28 caleseros, que se han comprometido de forma voluntaria a financiar ellos mismos sus vehículos eléctricos, valorados en unos 40.000 euros cada uno, sin que exista todavía una ordenanza aprobada que respalde ese compromiso.
«Las entidades estamos saliendo a la calle cada sábado porque cada firma en papel sin ordenanza es una firma que se puede romper en silencio; el 26 de septiembre no pedimos otra foto de apretón de manos, pedimos una fecha de caducidad para la tracción animal y un destino digno para cada caballo», añade Guillermo Amengual, de Progreso en Verde.
La concentración del 26 de septiembre se suma a una serie de movilizaciones semanales que distintos colectivos animalistas vienen celebrando en Palma cada sábado de septiembre, después de que decenas de personas se manifestaran frente a Cort para exigir el fin de las calesas bajo lemas como «vergüenza de ciudad, explotación animal». La presión social se ha intensificado en las últimas semanas tras la difusión de un vídeo en el que un calesero roció con agua a una turista que le había pedido que hidratara a su caballo, un episodio que ha reabierto el debate público y que ha llevado al propio Ajuntament a abrir un expediente informativo al conductor implicado.
«Estamos movilizando a la población cada sábado, con concentraciones y recogidas de firmas. No vamos a parar: sabemos que si quieren, pueden. Lo que falta ya no son promesas, sino responsabilidad y acción política. Se acabaron las excusas», explica Marina Sánchez, de Satya Animal.
“Es el momento de que el Ajuntament acabe con esta actividad, no solo por la explotación que supone para los caballos, también por la pésima imagen que dan los caleseros en España y en el exterior”, defiende Rubén Pérez, coordinador de la Fundación Franz Weber.
El caso de Palma contrasta con el de otros municipios de Mallorca que ya han resuelto el conflicto mediante normativa vinculante: Capdepera prohibió la tracción animal por ordenanza en 2016, Alcúdia modificó su reglamento municipal por unanimidad en 2023 para sustituir los carruajes por vehículos eléctricos homologados, y Muro aprobó de forma definitiva su propio reglamento en 2024, publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Sant Llorenç des Cardassar tiene fijado 2032 como horizonte formal para el mismo objetivo. En todos esos casos, a diferencia de Palma, la fecha y el mecanismo de sustitución quedaron recogidos en un texto normativo y no en una declaración de intenciones.
Otras ciudades españolas han ido incluso más lejos y han eliminado ya por completo este servicio. Barcelona puso fin a las carrozas de caballos en Las Ramblas al no renovar la concesión a la empresa que las operaba, y Málaga anunció en octubre de 2025 la prohibición de los coches de caballos con fines turísticos tras un acuerdo con los titulares de las licencias, que fueron indemnizados. Sevilla y Córdoba son ya las únicas capitales andaluzas donde estos carruajes siguen circulando, lo que ha llevado a organizaciones animalistas a reclamar al Ayuntamiento sevillano que siga el mismo camino que Málaga o que Alcúdia.
Ese mapa demuestra que la sustitución de los carruajes de tracción animal no es una hipótesis lejana, sino una tendencia ya consolidada en buena parte de España, y refuerza la exigencia de las organizaciones convocantes de que Palma deje de ser la excepción.
Las organizaciones exigen al Ajuntament de Palma una ordenanza con fecha vinculante y un plan formal de rescate para cada caballo retirado del servicio, y reúnen ya 10.000 firmas. Las organizaciones convocantes recuerdan que, apenas seis meses antes de la firma del acuerdo de marzo de 2026, dos caballos de galera se desplomaron en el centro de Palma en menos de tres días, en pleno mes de septiembre, evidenciando el agotamiento acumulado tras el verano.
Con esta concentración, AnimaNaturalis, PETA, SATYA ANIMAL, FFW y Progreso en Verde piden a las autoridades municipales que conviertan el compromiso voluntario del gremio calesero en una ordenanza con fecha de caducidad clara para la tracción animal en la ciudad, y que garanticen un destino digno —refugio, sanidad veterinaria y retirada del trabajo— para cada uno de los caballos que actualmente tiran de las calesas turísticas de Palma.
