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Més lleva a la Fiscalía el desalojo de la acampada por la vivienda en Palma

Quieren que se investigue al alcalde Jaime Martínez.

Més per Mallorca presentará una denuncia ante la Fiscalía de Baleares por el desalojo de la Acampada por la Vivienda de la plaza de España, ejecutado por la Policía Local de Palma el pasado 4 de noviembre. La formación reclama investigar si el gobierno municipal del PP, encabezado por Jaime Martínez, actuó fuera de sus competencias para poner fin a una protesta pacífica amparada por el derecho fundamental de reunión.

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, considera que la actuación podría constituir varios delitos, entre ellos contra el derecho de reunión, coacciones, vulneración de derechos cívicos y prevaricación administrativa.

«Ningún alcalde está por encima de la ley. No podemos permitir que un ayuntamiento utilice la Policía Local para impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Queremos saber quién ordenó esta actuación y si se cometieron delitos», ha afirmado Apesteguia.

La denuncia solicita investigar quién dio la orden de ejecutar el operativo, qué cobertura jurídica tenía y si la intervención buscaba impedir que continuara la concentración.

La formación también reclama recuperar el expediente municipal, las comunicaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno y las órdenes policiales. Además, pide preservar de forma urgente las grabaciones y los registros de la actuación.

David Pujol, candidato de MÉS per Palma a la Alcaldía, ha advertido de que el alcalde deberá responder si utilizó la Policía Local para impedir una protesta legítima. «Nadie está por encima de la ley», ha señalado.

La protesta estaba instalada desde el 28 de septiembre y había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, administración competente en materia del derecho de reunión. Según la denuncia que prepara la formación, no consta ninguna resolución de disolución dictada por esta autoridad. Los participantes aseguran que tampoco recibieron una notificación previa de desalojo.

«Una ordenanza municipal no puede sustituir las garantías constitucionales. La Fiscalía debe aclarar si se utilizó una competencia municipal para ejecutar una disolución encubierta», ha señalado Apesteguia.

La formación considera que el desalojo refleja las prioridades políticas del alcalde mientras la crisis de la vivienda continúa expulsando a familias de Palma.

«Martínez ha elegido ponerse del lado de los especuladores y actuar contra los trabajadores que reclaman una vivienda digna», ha denunciado Pujol.

El candidato ha insistido en que retirar las tiendas no hará desaparecer el problema de acceso a la vivienda. «La vivienda es un derecho, no un privilegio. Y los derechos se garantizan, no se reprimen», ha concluido.

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