Aina Amengual cuestiona las explicaciones del alcalde Jaume Llompart y reclama que se investigue si ha habido trato de favor en la adjudicación.
Més per Marratxí ha registrado un escrito dirigido a la Fiscalía de las Illes Balears para que valore investigar el procedimiento de adjudicación de las 29 viviendas públicas del IBAVI en Sa Cabana. Lo hace después de haber confirmado que uno de los pisos ha sido adjudicado al hijo de un concejal del Partido Popular de Marratxí.
Explican que la relación familiar ha sido reconocida por el propio Ayuntamiento. La formación considera que esta circunstancia, junto con las dudas sobre otras adjudicaciones y las dificultades para acceder a la documentación municipal, justifica que los hechos sean examinados por una instancia independiente.
La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, cuestiona que las explicaciones ofrecidas por el alcalde, Jaume Llompart, sean suficientes para aclarar el procedimiento. «Llompart ya ha dado las explicaciones que ha querido dar, pero eso no significa que todas las dudas estén resueltas. Las explicaciones del alcalde no pueden sustituir la documentación que hemos reclamado ni nuestro derecho a fiscalizar la actuación municipal», afirma.
Amengual considera que el gobierno de PP y Vox no puede dar por zanjada la cuestión mientras sigan sin aclararse aspectos relevantes del proceso. «No se trata de que el alcalde vuelva a explicarnos su versión de los hechos. Se trata de poder comprobar, con los expedientes sobre la mesa, cómo se establecieron los criterios, cómo se aplicaron y qué papel tuvo el Ayuntamiento. La transparencia no puede depender de la información que el gobierno decide facilitar», señala.
«Que el hijo de un concejal del PP haya recibido una vivienda pública es un hecho que obliga a extremar la transparencia. Queremos saber si todas las familias compitieron con las mismas reglas y si hubo algún trato de favor», añade la portavoz.
El escrito también recoge dudas sobre una segunda adjudicación que podría afectar a una persona con vínculos familiares con la pareja de una concejala del PP. Esta posible relación ha sido cuestionada por el Ayuntamiento, motivo por el cual MÉS per Marratxí considera necesario que se compruebe la información.
«No acusamos a ninguna familia de haber hecho nada incorrecto. Lo que cuestionamos es si la Administración ha actuado con la transparencia y la objetividad exigibles. Cuando hay informaciones contradictorias, lo que corresponde es aclararlas, no dar el debate por zanjado», subraya Amengual.
La formación pide igualmente que se examine cómo se definieron y aplicaron los criterios de prioridad para acceder a las viviendas, especialmente los relacionados con la antigüedad de residencia en el municipio, y qué papel desempeñaron el Ayuntamiento de Marratxí y el IBAVI en las distintas fases del procedimiento.
Més per Marratxí recuerda que solicitó información municipal sobre estas adjudicaciones sin obtener toda la documentación necesaria para ejercer su labor de fiscalización.
«Hemos intentado aclarar estos hechos por las vías institucionales. Hemos solicitado información y no hemos conseguido todas las respuestas que necesitamos. Por eso hemos decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El gobierno de Jaume Llompart, formado por PP y Vox, debe facilitar la fiscalización de la gestión municipal, no limitarla a las explicaciones que considere oportunas», manifiesta la portavoz.
Amengual considera especialmente preocupante que persistan las dudas sobre un procedimiento que afecta a un recurso público tan necesario como la vivienda. «Hay familias de Marratxí que llevan años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda digna. Por respeto a todas ellas, debemos poder comprobar que nadie ha tenido ventaja alguna por sus relaciones familiares o políticas», afirma.
El escrito dirigido al Ministerio Fiscal solicita que se valore la apertura de diligencias de investigación y que, si se considera procedente, se requiera al IBAVI y al Ayuntamiento de Marratxí la documentación completa del procedimiento para comprobar la regularidad de las adjudicaciones.
«No somos nosotros quienes debemos determinar si se ha cometido algún delito. Eso corresponde a la Fiscalía y, en su caso, a los tribunales. Pero sí es nuestra responsabilidad poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que consideramos que merecen ser investigados», explica Amengual.
«Si todo se ha hecho correctamente, los expedientes deben poder acreditarlo. Y si ha habido alguna irregularidad, debe aclararse y asumirse las responsabilidades que correspondan. Lo que no podemos aceptar es que queden dudas sobre la adjudicación de viviendas públicas mientras tantas familias tienen dificultades para acceder a una casa», concluye Aina Amengual.












