La comunidad de propietarios recibió una subvención pública de 89.000 euros.
El Sindicato de Vivienda de Palma ha denunciado públicamente la “ineficacia” de los juzgados, del Ayuntamiento de Palma y de la Conselleria de Arquitectura y Vivienda por no haber actuado ante una situación de grave deterioro e insalubridad en una comunidad de propietarios que ha recibido ayudas públicas para rehabilitación.
Según explica la organización, una familia lleva años conviviendo con un bajante deteriorado y fisurado que provoca filtraciones de aguas residuales, proliferación de insectos, corrosión de materiales y malos olores en la vivienda afectada. Además, hace apenas unos días se produjo el derrumbe del falso techo del inmueble.
El sindicato recuerda que el 16 de enero de 2024 un juzgado de lo civil dictó una sentencia que obligaba a la comunidad de propietarios a sustituir el bajante completo en un plazo de dos meses, incluyendo las medidas de seguridad necesarias frente a los riesgos del amianto. Sin embargo, denuncian que la resolución judicial no se ha ejecutado y que el procedimiento permanece paralizado pese a los escritos presentados por la familia afectada.
Una subvención de 89.000 euros bajo sospecha
La comunidad de propietarios recibió una subvención pública de 89.000 euros procedentes de fondos Next Generation, de los cuales ya se habrían adelantado 40.000 euros. Según el Sindicato de Vivienda, las ayudas obligaban a realizar trabajos de desamiantado del edificio, pero el proyecto aprobado no contempla la sustitución del bajante más deteriorado.
La organización denuncia además que las obras se estarían centrando en mejoras de habitabilidad y embellecimiento de determinadas viviendas y zonas comunes, mientras se ignoran los problemas más graves del inmueble, como las goteras y las filtraciones de la vivienda afectada.
El Sindicato de Vivienda también denuncia supuestas irregularidades en el Informe de Evaluación del Edificio (IAE).
La organización asegura haber trasladado estas irregularidades en numerosas ocasiones tanto al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma como a la Conselleria de Vivienda y a la Dirección General de Arquitectura, sin haber obtenido respuesta.
Además, denuncian que la familia sufrió un acto vandálico a finales de enero de 2026, cuando una persona desconocida cubrió con pegamento las cerraduras de la vivienda, obligando a sustituir toda la cerrajería.
Las obras subvencionadas deberán finalizar antes del próximo 30 de junio de 2026.
