Investigado un hombre por retirar ilegalmente su vehículo del depósito municipal. Se había trasladado allí por estar estacionado en un vado permanente.
Un argentino de 46 años decidió llevarse por las bravas su coche del depósito municipal de Palma. Había sido retirado de la vía pública por la grúa.
Todo ocurrió el pasado 9 de febrero, entre las 22.50 y las 23.20 horas. El responsable de la empresa concesionaria del depósito municipal de vehículos denunció dos días después, el 11 de febrero, ante la Sala de Atestados la sustracción de un turismo de las instalaciones de Sa Riera. Dicho vehículo había sido retirado previamente de la vía pública por estacionar en un vado permanente.
Las grabaciones de seguridad del depósito mostraron cómo el vehículo abandonó las instalaciones de forma irregular, derribando la barrera de entrada al salir marcha atrás por la rampa de acceso.
La investigación de la Sala de Atestados reveló que el vehículo estaba registrado a nombre de una empresa con sede en Madrid. Sin embargo, el anterior propietario había suscrito un contrato de cesión que le permitía su uso a cambio de un pago mensual, el cual había dejado de abonarse.
Se dictó una orden de búsqueda del vehículo y el 25 de febrero fue localizado por agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) en posesión del anterior propietario, que fue citado como testigo el pasado 4 de marzo ante la instrucción del atestado.
Durante su declaración incurrió en numerosas incoherencias. Fue incapaz de explicar cómo el vehículo pudo ser sustraído teniendo él la única llave, ni cómo fue posible que la UMOT lo localizara conduciéndolo una semana atrás. Por ello, se le informó de su condición de investigado por un presunto delito leve de hurto de cosa propia, al entender que se apropió indebidamente del vehículo retirándolo del Depósito Municipal de Vehículos sin autorización.
Las grabaciones de seguridad corroboran la presencia del investigado, argentino de 46 años, en el lugar y el momento de la sustracción, donde se observa cómo el turismo era sacado del recinto haciendo marcha atrás por alguien que no pudo ser identificado.
El perjuicio económico para la empresa concesionaria a fecha del 13 de marzo asciende a 561,36 euros.
Se informó al investigado de la obligatoriedad de acudir al juzgado al ser requerido por autoridad judicial.
