La Policía Nacional ha arrestado a una mujer que utilizaba la tarjeta de coordenadas y contraseñas necesarias para ejecutar pagos a proveedores para desviar fondos a su cuenta.
Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa en la empresa donde trabajaba. Lo hacía mediante la elaboración de facturas ficticias de proveedores desviando fondos a su cuenta bancaria por transferencia bancaria.
El pasado miércoles, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación que se había iniciado semanas atrás. Esta se originó a raíz de la denuncia del responsable de una empresa.
El empresario denunciante manifestó que, durante la revisión ordinaria de los gastos, observó la existencia de varias transferencias bancarias no autorizadas supuestamente dirigidas a un proveedor habitual de la compañía. Estos pagos resultaron sospechosos, ya que esta empresa cobra sus servicios mediante recibos domiciliados y no mediante transferencias manuales.
Al revisar con mayor detalle los movimientos bancarios, el denunciante comprobó que el número de cuenta beneficiaria de dichas transferencias coincidía con la cuenta personal de una de sus empleadas. La trabajadora llevaba vinculada a la empresa desde el año 2017 y, debido a la confianza depositada en ella, disponía de la tarjeta de coordenadas y contraseñas necesarias para ejecutar pagos a proveedores.
Según las primeras conclusiones de la investigación, no fue hasta mediados de 2024 cuando la trabajadora habría iniciado un sistema fraudulento consistente en la elaboración de facturas ficticias en nombre de proveedores reales. En dichas facturas modificaba el número de cuenta legítimo por el suyo propio, desviando así fondos de la empresa hacia su patrimonio personal. Para garantizar la apariencia de legitimidad, utilizaba el mismo protocolo de pago autorizado que empleaba en su actividad ordinaria como administrativa.
Los investigadores han constatado, de momento, la realización de 60 transferencias fraudulentas, que totalizan un perjuicio económico de 147.602,89 euros. No se descarta que el importe pueda ser mayor, dado que la empleada llevaba más de siete años en la empresa y el denunciante únicamente ha revisado, por el momento, los movimientos del año en curso.
Tras ser despedida por la empresa y tener conocimiento de que sus actuaciones habían salido a la luz, la mujer entregó una carta de reconocimiento de los hechos y de la deuda generada.
