El decreto del Govern sacude al sector náutico. Hay hasta 800 empleos en riesgo, según APANIB.
El sector del chárter náutico profesional en Baleares vive su momento más crítico en años. La nueva Associació de Pimes d’Activitats Nàutiques d’Illes Balears (APANIB), integrada en PIMEM, alerta de que el Decreto 44/2025 del Govern —que prohíbe la venta de plazas individuales en embarcaciones— puede forzar el cierre de siete de cada diez pequeñas empresas del sector y poner en riesgo hasta 800 puestos de trabajo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido ya un requerimiento previo cuestionando la norma por su carácter desproporcionado.
Estas compañías cumplen requisitos de seguridad marítima, titulaciones profesionales, inspecciones periódicas obligatorias y seguros de responsabilidad civil reforzada. “Estamos hablando de empresas que cumplen la ley, pagan impuestos y generan empleo”, recalcan desde PIMEM.
“Una política agresiva” y un impacto económico directo
Según APANIB, la entrada en vigor del Decreto 44/2025 “culmina la política agresiva” iniciada por el Govern el pasado octubre. La asociación asegura que la medida se impulsa por “intereses anticompetitivos” y traslada a la ciudadanía una imagen injustificada de irregularidad hacia la Lista Sexta, precisamente la parte del sector más regulada y supervisada.
La cifra sorprende: la federación estima que siete de cada diez pymes podrían cesar su actividad si el decreto no se modifica, y advierte de la pérdida potencial de hasta 800 empleos, muchos de ellos vinculados a temporada turística y actividad productiva local.
Un modelo legal en el resto de España
La prohibición de vender plazas individuales —una modalidad legal y plenamente operativa en otras comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía— limita, según APANIB, el acceso democrático al mar. Su presidente, Álvaro Aguirre, recuerda que esta fórmula “socializa las actividades náuticas” frente a modelos exclusivos reservados a quienes pueden pagar embarcaciones completas.
Aguirre añade que la falta de amarres y el cierre de los clubes náuticos de Palma a embarcaciones de Lista Sexta agravan la situación. El resultado, advierte, es un mercado cada vez más restrictivo y menos competitivo.
Restricciones sin justificación técnica ni ambiental
El vicepresidente de APANIB, Àlex Mestre, considera que el decreto introduce medidas “inéditas y sin justificación técnica ni ambiental”. Subraya que un mismo barco, con el mismo patrón, seguros e inspecciones, “no cambia su impacto en el mar por vender plazas individuales o alquilarse entero”. Lo único que se modifica, afirma, “es quién puede acceder al mar y quién queda fuera del mercado”.
Desde PIMEM insisten en el impacto reputacional: el decreto ha generado “cancelaciones, pérdida de confianza del consumidor y daño directo a la imagen del sector”.
Competencia levanta la mano y cuestiona la norma
El 28 de octubre, la CNMC emitió un Requerimiento Previo que cuestiona la proporcionalidad de la prohibición, su adecuación a objetivos ambientales o de seguridad y una posible invasión de competencias estatales de Marina Mercante. También alerta de una restricción injustificada de la competencia que puede favorecer a operadores concretos.
Para Aguirre, que un organismo estatal e independiente señale estos elementos “confirma la preocupación” del sector. “No estamos ante una regulación técnica del mar, sino ante restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley”, afirma.
Un sector regulado, estratégico y desconocido
APANIB, que agrupa a un centenar de pymes, recuerda que las embarcaciones de Lista Sexta cumplen escrupulosamente la normativa y no pueden asociarse a intrusismo ni riesgo. Reclama “regulación proporcionada, basada en datos, no en percepciones”, así como la garantía de seguridad jurídica y la protección del acceso democrático al mar.
