Se han puesto multas por valor de 4,3 millones de euros y tramitado 60 órdenes de cese rápido a pisos turísticos piratas.
El Consell de Mallorca ha intensificado la actividad sancionadora contra la oferta ilegal durante los primeros siete meses de 2026. Se han tramitado hasta julio un total de 146 expedientes sancionadores que acumulan una propuesta global de multas por valor de 4.373.415 euros. La cifra supone un crecimiento del 40 por ciento en el volumen de expedientes incoados en comparación con todo el ejercicio 2025, rebasando la actividad del año anterior en solo siete meses de inspecciones.
Así lo han avanzado este martes en rueda de prensa el conseller de Turisme, Guillem Ginard, y el nuevo director insular para la Oferta y la Calidad, Pedro Rosselló. Durante el balance del departamento se ha detallado que, hasta la fecha, ya se han resuelto 61 expedientes (36 catalogados como muy graves y 25 como graves) por un importe acumulado superior a 2,1 millones de euros. Con la entrada en vigor del Decreto Ley 4/2025, las penalizaciones de carácter disuasorio por alquiler turístico no legalizado oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros, manteniéndose operativo el canal de denuncia ciudadana (inspeccioturisme@conselldemallorca.net) para canalizar los avisos vecinales.
La estrategia inspectora del Consell combina la vía sancionadora tradicional con nuevos mecanismos de intervención rápida sobre el mercado digital:
- Protocolo DIA de retirada exprés: Desde enero de 2026 se han activado 60 protocolos de Declaración de Ilegalidad de la Actividad (DIA) y se han resuelto 54 con orden de cese inmediato. Este cauce notifica al propietario la obligación de retirar los anuncios de las plataformas en un plazo de 10 días; de no ejecutarlo, se imponen multas coercitivas y el caso se deriva directamente a la Fiscalía.
- Intensificación de las inspecciones: El servicio de inspección ha realizado 1.546 salidas de control hasta julio dentro del operativo especial de verano.
- Nuevos focos de control: Además de supervisar las viviendas de uso turístico (ETV) y el sobreaforo, el plan estival ha incrementado las verificaciones sobre establecimientos inactivos durante el último quinquenio, el cumplimiento del 3 por ciento de producto local y la intrusión en el colectivo de guías turísticos.
