Mallorca alerta de una saturación del 1.000 por ciento en su red de acogida de menores extranjeros.
En la misiva, enviada este miércoles, Galmés pide al Ministerio del Interior que informe sobre el estado de los informes familiares de cada menor y los pasos previstos para su retorno al país de origen, tal como establece el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería.
El Consell, como entidad competente en tutela y acogimiento, atiende actualmente a 460 menores extranjeros, una cifra que —según Galmés— desborda completamente la capacidad prevista del sistema insular.
“La situación es insostenible”, advierte Galmés
El presidente del Consell denuncia que la red de atención se encuentra totalmente saturada, sin espacios ni profesionales suficientes para atender nuevos casos.
“El delegado del Gobierno nos ha comunicado que el Estado tampoco dispone de instalaciones para cederlas al Consell, y eso hace aún más urgente una solución coordinada”, subraya Galmés.
El dirigente insular insiste en que la repatriación es competencia exclusiva del Estado y debe activarse de inmediato.
Además, destaca que, pese a la ruptura diplomática con Argelia, el embajador argelino ha mostrado disposición para repatriar a siete menores de esa nacionalidad, lo que demuestra —afirma— una “voluntad de cooperación”.
El interés superior del menor, en el centro del debate
Galmés defiende que la repatriación, tramitada con todas las garantías legales, responde al principio del interés superior del menor, priorizando la reunificación familiar y aliviando al mismo tiempo la presión sobre el sistema de protección insular.
“Mallorca está haciendo un esfuerzo inmenso para proteger a estos menores, pero es el Estado quien debe asumir su responsabilidad y garantizar que se cumpla la ley”, recalca el presidente.
Petición de transparencia y coordinación
El Consell de Mallorca reclama al Ministerio del Interior que informe caso por caso del estado de las repatriaciones, con el fin de restablecer el equilibrio del sistema de protección.
La institución insular reitera su compromiso con una gestión humanitaria y responsable, pero subraya que sin una respuesta inmediata del Gobierno central, la sostenibilidad del sistema está en riesgo.
