Prohens rechaza la medida impulsada por el Estado y alerta de que agravará el colapso de Extranjería.
El Govern de les Illes Balears rechaza frontalmente la regularización masiva e indiscriminada anunciada por el Gobierno de España mediante real decreto y advierte de que esta decisión, adoptada sin planificación ni coordinación con las comunidades autónomas, agravará aún más la presión migratoria y el colapso de los servicios públicos en el archipiélago.
Baleares vive la peor crisis migratoria de su historia, con más de 20.000 llegadas de inmigrantes en situación irregular en los últimos cinco años. Se trata de una cifra sin precedentes para un territorio insular, con recursos limitados y unos servicios ya saturados. En este contexto, el Govern considera que impulsar una regularización masiva envía un mensaje equivocado y genera un claro efecto llamada.
Además, la propuesta estatal plantea rebajar los requisitos hasta el punto de permitir que, en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, sea suficiente una declaración responsable del solicitante. El Govern considera que esta fórmula elimina garantías básicas, debilita la seguridad jurídica y demuestra la falta de rigor con la que se ha planteado la medida.
Paralelamente, las unidades de Extranjería ya se encuentran colapsadas, lo que impide tramitar con agilidad los expedientes de personas que quieren regularizar su situación por las vías legales, con contrato de trabajo y voluntad de integración. Esta situación genera una profunda injusticia: quien cumple las normas espera, mientras que quien ha entrado de manera irregular se ve beneficiado por decisiones extraordinarias y sin filtros claros.
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha señalado que «mientras en Baleares gestionamos la emergencia sobre el terreno, el Gobierno de España debería asumir sus competencias y aportar soluciones reales, no políticas improvisadas que solo aumentan la sensación de inseguridad. Somos un territorio limitado y con los servicios saturados, y dar papeles no garantiza la integración, porque la integración no se decreta, se construye con oportunidades reales. Sin ello, una regularización masiva solo generará más precariedad y más tensión social. Con esta medida, parece que llegar a Baleares de forma ilegal tiene premio».
Por todo ello, el Govern exige al Estado responsabilidad, planificación y respeto institucional, así como un plan migratorio serio, coordinado con las comunidades autónomas, que refuerce las vías legales, combata a las mafias y tenga en cuenta la capacidad real de los territorios.
Baleares no puede seguir asumiendo en solitario las consecuencias de decisiones unilaterales que ignoran sus límites y su realidad.
