Plantan cara a la especulación y buscan proteger el derecho a residir y arraigar en las islas.
El Pi defiende que toda nueva vivienda que se construya en Baleares debe destinarse a quienes viven y trabajan en el archipiélago durante todo el año. El partido propone medidas concretas para frenar la presión de la compra por parte de no residentes y reclama un modelo económico y territorial más sostenible y equilibrado.
El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política balear. El Pi ha presentado su posición con claridad: la vivienda que se construya en las islas debe ser para los residentes. Según el coordinador general del partido, Joan Miralles, “el nuevo suelo urbanizable solo tiene sentido si responde a las necesidades reales de la gente que vive aquí”.
Miralles advierte de que la presión del mercado exterior está elevando los precios a niveles insostenibles, impulsada por la compra de viviendas por parte de no residentes. En sus palabras, “no podemos hablar de sostenibilidad si expulsamos a los residentes del mercado del hogar”. La cifra preocupa y marca, según el partido, un cambio de rumbo necesario en las políticas de vivienda.
Prioridad para los residentes
El Pi propone que toda nueva promoción urbanística o política pública de vivienda incorpore mecanismos de protección que garanticen la prioridad para los residentes. Entre las medidas concretas, destaca el requisito de acreditar quince años de residencia histórica en las Illes Balears para poder optar a una vivienda protegida.
El objetivo es claro: asegurar que los inmuebles públicos o con ayudas públicas beneficien a quienes mantienen su vida laboral y familiar en el archipiélago, y no a inversores externos. La propuesta, según el partido, busca reforzar la cohesión social y preservar la identidad local frente a un modelo económico que, en su opinión, ha favorecido la especulación inmobiliaria.
Un modelo económico y territorial sostenible
El Pi defiende que la política de vivienda debe integrarse en una visión global de desarrollo sostenible. Miralles insiste en que el modelo turístico y territorial de las islas debe equilibrar el crecimiento económico con la protección del territorio y la estabilidad social.
“Liberar suelo rústico solo tiene sentido si sirve para que nuestra gente pueda vivir en su pueblo y no para alimentar un mercado de lujo ajeno a la realidad balear”, ha subrayado el dirigente. En este sentido, El Pi insta al Govern balear a rectificar aquellas medidas que facilitan la compra masiva de viviendas por parte de no residentes, a las que considera una amenaza directa para el acceso al hogar de los ciudadanos locales.
