El Pi pide modificaciones en la reforma durante el trámite parlamentario para garantizar un equilibrio entre trabajadores y empresarios.
El Pi ha instado al Gobierno a replantear la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. Según El Pi, esta reforma debe ser fruto de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, garantizando un equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la viabilidad económica de las empresas.
Impacto en pymes y autónomos
Desde El Pi destacan que la nueva normativa debe contemplar las diferencias entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes), así como los trabajadores autónomos. “No es lo mismo aplicar esta reducción en una multinacional que en una pyme o un autónomo”, subrayan desde la formación. Para evitar una sobrecarga que afecte especialmente a los pequeños empresarios, piden que la ley distinga claramente entre estos casos.
Otro punto clave señalado por El Pi es la situación de las empresas con actividad estacional, especialmente aquellas vinculadas al turismo, que representan un pilar fundamental en la economía de Baleares. En este sentido, recalcan que muchas de estas empresas emplean a trabajadores fijos discontinuos que trabajan intensamente durante la temporada alta y descansan varios meses en invierno. “Es fundamental que la normativa tenga en cuenta estas particularidades para evitar perjuicios tanto a empresas como a empleados”, explican.
Mejorar la competitividad
Además de la diferenciación por sectores y tamaños de empresa, El Pi considera necesario abordar otros aspectos relacionados con el mercado laboral, como la reducción del absentismo, el fomento de la formación continua y una mayor flexibilidad en la regulación de las horas extraordinarias. “Estas medidas pueden contribuir a mejorar la competitividad empresarial y adaptar las condiciones laborales a las necesidades actuales del mercado”, sostienen.
El Pi insiste en que cualquier modificación en la jornada laboral debe ser el resultado de un diálogo social efectivo. “El Gobierno debe actuar como facilitador de este diálogo y promover un consenso que tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores productivos”, afirman.
