Marc Pons ha criticado que la normativa desvirtuará el modelo urbanístico de las islas para que los promotores se puedan saltar los planeamientos municipales y los planes territoriales
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha denunciado durante la interpelación a la consejera de Vivienda, Marta Vidal, que el decreto ley de vivienda aprobado por el Govern provocará que “se pueda hacer de todo, por todo, sin medir las consecuencias”.
Pons ha criticado que con esta normativa, que ya está en vigor, «los promotores pueden construir como quieran y dónde quieran, sin tener en cuenta los planes generales ni los territoriales». De este modo, el socialista ha denunciado que “da igual lo que diga el planeamiento municipal y los planes territoriales, por ley se lo botan todo y dejarán que sean los promotores los que, en función de su rentabilidad económica, opten por conseguir autorizaciones en contra de la voluntad de los ayuntamientos”.
En este sentido, Pons ha acusado a la consejera Vidal de desvirtuar el modelo urbanístico de los pueblos y el modelo territorial de las islas, por el hecho de que “se pueden subir alturas, construir pisos residenciales sobre equipamientos comerciales, convertir locales en viviendas, dar cédulas de habitabilidad en viviendas ilegales y cambiar hoteles por pisos residenciales”.
Para el portavoz adjunto socialista, no estamos sólo ante una “amnistía urbanística para autorizar y legalizar lo que hasta ahora era ilegal, sino que es una bula papal a los promotores para que puedan ser ellos quienes decidan que ejecutan y que no independientemente de lo que digan los planes generales y territoriales”.
Además, Pons ha denunciado que el decreto ley de vivienda está hecho «con prisas, sin consenso y sin tener en cuenta a la gente que de verdad necesita una vivienda digna». También ha lamentado que se cree la figura de viviendas a precio limitado, con la que «permiten a los promotores comprar sol más barato y vender pisos más caros que el precio de mercado», de lo que se beneficiarán «los que s empadronen aquí y quieran una segunda residencia, no la gente de las islas”.
Por todo ello, el portavoz parlamentario socialista ha pedido a Vidal que detenga el decreto ley y permita a los ayuntamientos estudiarlo, porque “los alcaldes y alcaldesas están preocupados porque han perdido el control de su urbanismo, mientras que hay intereses privados que buscan beneficios a través de la especulación y sin pensar en el interés general”.
Por último, Pons ha recordado que los primeros 100 días de Gobierno de Prohens quedarán marcados por “la relación de privilegios con los fondos de inversión y los grandes promotores inmobiliarios, la voluntad de Vidal de confrontar de una forma muy dura con la oposición y con incumplimientos directos en materia de transparencia”
