La Policía Local de Palma inmoviliza dos camiones y denuncia a dos hombres por vertidos ilegales de residuos de construcción.
La Policía Local de Palma ha asestado un golpe definitivo a una estructura organizada dedicada a los vertidos ilegales de residuos. El escenario de la investigación se divide entre el Camí dels Reis y la carretera de Sóller. Allí, el pasado 24 de marzo, se interceptó una actividad que atentaba directamente contra el medio ambiente de Baleares.
Todo comenzó con un rastro de suciedad. El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) detectó un aumento alarmante de escombros incontrolados tras el Parque Verde. La policía estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la captura de dos hombres, de 31 y 33 años, vinculados a este entramado de gestión de residuos clandestina.
El primer vehículo, un camión cargado con seis sacas de escombros de construcción (RCD), fue sorprendido en pleno acto. Ya había arrojado dos de ellas al suelo. Pero lo más inquietante estaba por llegar: el conductor, un joven de 31 años, jamás había obtenido el permiso de conducir. Un peligro público al volante de un gigante de hierro cargado de detritos.
Logística delictiva y detenciones en serie
Mientras el GISD actuaba en el Camí dels Reis, la Unidad Motorizada (UMOT) y el GAP cerraban el círculo. En la carretera de Sóller, caía el segundo camión, que servía de apoyo logístico. Ambos vehículos presentaban un estado lamentable: sin ITV en vigor, con exceso de carga y deficiencias graves en la seguridad de la estiba.
La Sala de Atestados no ha dudado. Se han instruido diligencias penales por un delito contra la seguridad vial. Los dos camiones, auténticas bombas de relojería mecánicas, han sido inmovilizados y trasladados por la grúa al Depósito Municipal de Son Oms.
La normativa en Palma es tajante. La Ley 8/2019 de Residuos y la Ordenanza Municipal exigen certificados oficiales de entrega en plantas autorizadas para recuperar las fianzas de obra. El vertido incontrolado no es solo una falta estética; es una infracción muy grave que puede derivar en penas de prisión.
Cuando el vertido causa daños sustanciales a nuestros recursos naturales, entramos en el terreno del Código Penal.
