Operativo de Policía Local de Palma y la Policía Nacional en cumplimiento de la resolución judicial dictada el 29 de mayo.
La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han activado este miércoles al mediodía un contundente operativo conjunto para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua prisión. La intervención da cumplimiento estricto al auto judicial emitido el pasado 29 de mayo, el cual autorizó el vaciado inmediato de las instalaciones debido al peligro extremo en el que subsistían sus ocupantes.
El despliegue policial comenzó a las 12:00 horas en base a los acuerdos de la Junta Local de Seguridad extraordinaria. Dada la complejidad del perfil de los residentes, el dispositivo cuenta con el acompañamiento de los servicios sociales municipales y del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), además de una ambulancia preventiva del 061.
La radiografía de la ocupación en el centro penitenciario abandonado ha variado sustancialmente en los últimos meses gracias al trabajo de campo previo:
- Censo inicial: El procedimiento arrancó con un registro de 206 personas viviendo en los módulos.
- Éxodo progresivo: La presión y las negociaciones redujeron la cifra hasta las 70 personas que permanecían hoy en el interior.
- Derivaciones: Un total de 45 personas vulnerables ya han sido realojadas en centros de acogida temporal y programas de inserción laboral.
El Ayuntamiento de Palma reactivó el proceso de recuperación del inmueble el pasado mes de febrero. Los motivos eran insostenibles: el deterioro salvaje del edificio amenazaba la seguridad de los propios ocupantes, degradaba la convivencia vecinal y generaba una fuerte alarma social debido a la cercanía de un centro educativo colindante.
El auto del Juzgado se dictó de forma fulminante, apenas cuatro horas después de recibir la solicitud municipal. La Justicia consideró plenamente acreditado un riesgo real, grave y actual para la vida, respaldado por informes demoledores del Servicio de Bomberos, Policía y Sanidad. Los técnicos alertaban de una probabilidad crítica de incendio masivo, una total falta de habitabilidad y la imposibilidad de realizar una evacuación segura en caso de catástrofe por el bloqueo de los accesos.
Para evitar que el esfuerzo caiga en saco roto y se reproduzca el problema, el plan de actuación contempla medidas drásticas a largo plazo. Una vez que los agentes certifiquen que no queda nadie en los módulos, la Policía Local establecerá un dispositivo de vigilancia permanente las 24 horas en todo el perímetro. De forma simultánea, las brigadas municipales iniciarán las obras para el tapiado completo del recinto, clausurando definitivamente los accesos a la antigua cárcel.
