Cort ha iniciado la cuenta atrás definitiva con la notificación personal a los 101 ocupantes del recinto.
El Ajuntament de Palma ha culminado este lunes el proceso de notificación presencial a las 101 personas que todavía ocupan el recinto de la antigua prisión y les ha concedido un plazo de cinco días hábiles para abandonarlo voluntariamente. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, defendió la actuación municipal y aseguró que la situación en el inmueble supone un “riesgo real y grave” para los ocupantes, los vecinos y los servicios de emergencia.
El Consistorio inició el procedimiento de recuperación posesoria el pasado 27 de febrero tras años de degradación del recinto. Según el alcalde, el actual equipo de gobierno ha decidido intervenir donde antes “nadie tomó decisiones”. El mensaje del Ajuntament es contundente: “No actuar sería una grave irresponsabilidad”.
La antigua cárcel acumula informes técnicos, sanitarios y de seguridad que alertan del deterioro extremo de las instalaciones. Los Bomberos de Palma advierten de un elevado riesgo de incendio y atrapamiento en un edificio diseñado para impedir fugas, con galerías cerradas y espacios que dificultan las evacuaciones. A ello se suma la presencia de residuos, colchones, bombonas de butano, materiales inflamables y problemas estructurales con riesgo de desprendimientos.
El operativo municipal también ha puesto cifras al deterioro. Durante 2025, los Bomberos realizaron 49 intervenciones en el interior del recinto y una docena más en lo que va de 2026. La Policía Local llevó a cabo 263 actuaciones dentro de la prisión y otras 71 en calles adyacentes. En abril, tres incendios provocaron intoxicaciones por humo y en febrero fue necesario rescatar a cuatro personas.
El Ajuntament sostiene que el escenario actual evidencia un aumento de la conflictividad y un peligro creciente tanto para quienes viven en el recinto como para los equipos de emergencia. De hecho, el dispositivo policial desplegado ya supera los 259.000 euros, mientras que las actuaciones de Bomberos rozan los 78.000 euros, sin contar las limpiezas extraordinarias realizadas en la zona.
En paralelo al proceso de desalojo, el área de servicios sociales mantiene la atención individualizada a los ocupantes. Según datos municipales, 45 personas han sido derivadas a recursos del IMAS, entre ellos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral. El seguimiento también ha detectado traslados a la península, incorporaciones laborales y entradas en centros penitenciarios.
El alcalde destacó que cerca de un centenar de personas ya han abandonado voluntariamente el recinto gracias al control permanente de accesos y a la intervención social desarrollada durante los últimos meses. Además, aseguró que el Ajuntament mantiene vigilancia constante sobre posibles nuevos asentamientos y que, hasta el momento, no se ha detectado ningún movimiento extraordinario derivado de la salida de ocupantes de la prisión.
Otro de los puntos que marcó la comparecencia fue la crítica directa al Gobierno central. Martínez Llabrés afirmó que Palma está asumiendo “prácticamente en solitario” el impacto social, económico y operativo derivado de la inmigración irregular. Según datos municipales, alrededor del 70% de las personas residentes en la antigua prisión se encuentran en situación administrativa irregular.
El alcalde reclamó más recursos y una mayor implicación estatal, insistiendo en que el Ayuntamiento está destinando una enorme cantidad de efectivos policiales, emergencias y servicios sociales a un único punto de la ciudad. “Mientras otras administraciones miran hacia otro lado, Palma está asumiendo costes que no corresponden al ámbito municipal”, afirmó.
El siguiente paso llegará previsiblemente a finales de mayo. Si todavía permanecen moradores en el inmueble una vez finalicen los plazos de notificación, el expediente será remitido al juzgado competente para ejecutar el desalojo. El objetivo del Ajuntament es recuperar el espacio municipal y evitar lo que considera una tragedia anunciada.
