El Consell de Mallorca reclama al Gobierno de España un nuevo convenio de carreteras que garantice inversiones estables en la red viaria de la isla.
El Consell de Mallorca ha solicitado formalmente al Gobierno de España la firma de un nuevo convenio de carreteras. Según explicó el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, el objetivo es disponer de una financiación estable que permita ejecutar los proyectos de modernización que demanda la red viaria de la isla.
La petición llega tras conocerse el nuevo convenio de carreteras firmado con Canarias, que prevé una aportación estatal de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta 2030. La cifra sorprende y ha reactivado la reivindicación histórica de Mallorca: recibir un tratamiento equiparable y acorde a las necesidades derivadas de la insularidad.
Una carta sin respuesta y una demanda económica pendiente
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha enviado una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para solicitar una reunión urgente. El objetivo es abordar un nuevo acuerdo que garantice “infraestructuras seguras y modernas para los ciudadanos de Mallorca”. El escrito fue remitido el 10 de noviembre y todavía no ha recibido respuesta.
Rubio recuerda que cuando se liquidó el convenio en 2021 quedaron pendientes de pago 230 millones de euros por parte del Estado. “Son recursos de todos los mallorquines”, señaló el conseller, quien confía en que el Ejecutivo mantenga la disposición mostrada en la conversación entre Galmés y Santano durante la inauguración del Paseo Marítimo de Palma.
Cronología de una reivindicación
El convenio entre el Estado y el Consell de Mallorca se firmó en 2007. Tras varias modificaciones, fue parcialmente liquidado en diciembre del 2021, quedando 228,5 millones de euros sin abonar. En marzo de 2023, el Gobierno central rechazó renegociar el acuerdo con los consells insulars y remitió este tipo de inversiones al factor de insularidad previsto en el régimen especial balear.
Galmés mostró su rechazo por escrito al ministro Óscar Puente, argumentando que ese fondo debe financiar proyectos nuevos, no cubrir deudas pendientes.
En febrero de 2025, el presidente convocó a diputados y senadores mallorquines para crear un frente común, sin distinción política, que defienda la llegada de inversiones estatales para las carreteras.
Insuficiencia de los fondos autonómicos
El Govern balear ha transferido al Consell 30 millones procedentes del fondo de insularidad. Sin embargo, este importe resulta insuficiente para modernizar y ampliar la capacidad de una red viaria sometida a una presión creciente derivada del turismo, el transporte de mercancías y los desplazamientos laborales. La sostenibilidad del tráfico, la seguridad vial y la movilidad eficiente siguen siendo desafíos centrales para la economía balear.
Los 230 millones permitirían transformar la movilidad de la isla
Con los fondos pendientes, se llevarían a cabo obras estratégicas en la red mallorquina. Entre las inversiones previstas destacan:
- Ampliación del cinturón de Palma (Ma-20) y nuevos accesos.
- Mejoras de enlaces hacia Andratx, Cala Major y Valldemossa.
- Variantes en Artà, Inca, Campanet y s’Alqueria Blanca.
- Reformas en las carreteras Llucmajor–Algaida, Llubí–Santa Margalida, Palmanyola–S’Esgleieta y otros tramos interurbanos.
- Accesos a urbanizaciones de Llucmajor y mejora de vías hacia Campos, Felanitx y la Colonia de Sant Jordi.
- Nuevas rotondas en Manacor y Pollença, soluciones en Cala Sant Vicenç y monitorización de aparcamientos públicos.
