La oposición ha rechazado el proyecto aduciendo falta de transparencia y la necesidad de garantías.
Marratxí ha puesto en marcha un nuevo reglamento de vivienda de emergencia social, una herramienta pionera que permitirá ofrecer alojamiento temporal a personas en situaciones de urgencia extrema. Surge como una respuesta rápida para quienes lo pierden todo de un día para otro, aunque sale adelante con la sobra de la duda lanzada por la oposición en el consistorio que considera que al proyecto le faltan garantías y transparencia.
El equipo de gobierno defiende que se trata de un protocolo diseñado para actuar con rapidez ante crisis inesperadas como casos de violencia, enfermedades graves sin red de apoyo o situaciones de riesgo para menores. La medida fue aprobada en el pleno del martes y ya está operativa.
El plan no cubre situaciones estructurales como desahucios o pobreza crónica. Se centra en personas que, teniendo medios y empleo, necesitan salir de su casa de forma inmediata por causas graves y sobrevenidas.
La normativa, inédita hasta ahora en el municipio, agiliza la actuación de los Servicios Sociales, permitiendo ofrecer una vivienda municipal de forma inmediata y con cobertura profesional y seguimiento técnico.
Con seguimiento profesional
El reglamento contempla el uso de viviendas públicas por un periodo máximo de seis meses, prorrogables por otros seis si los informes técnicos lo consideran necesario.
Estas viviendas ya están habilitadas y con la nueva normativa se activarán en plazos más breves y con todas las garantías legales y de confidencialidad.
Actualmente, el Ayuntamiento de Marratxí dispone de varias viviendas habilitadas para este fin. Con la entrada en vigor del reglamento, se facilitará su utilización en plazos más breves y con todas las garantías de protección y confidencialidad.
Rechazo de la oposición
El Plan fue aprobado ayer martes, en el pleno ordinario del consistorio marratxiner con el voto a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el voto en contra de los partidos de la oposición Més y PSIB-PSOE.
Aina Amengual ha rechazado el proyecto porque «la vivienda social no puede depender de la confianza ciega en quien gobierna. Necesita reglas claras, transparencia y garantías». Han criticado que no se han aceptado las alegaciones «poniendo excusas». Més ha criticado que no se ha definido que se entiende por «emergencia social» y que no haya reglas fijas ni garantías. Para evitar sospechas y malas prácticas han pedido una comisión, pero ha sido rechazada. Insiste en que tampoco se han aceptado las baremaciones porque «no quieren control». El PP «solo tiene ambigüedades y buenas palabras».
El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, cree que “este reglamento trata de ofrecer una respuesta inmediata, sensible y eficaz a quienes atraviesan una emergencia social, y evitar que se agrave la situación de vulnerabilidad y desprotección de la forma más digna posible”.
La regidora del área de Serveis Socials, Elvira García, ha subrayado la diferencia respecto a otros programas de vivienda: “Con este reglamento damos una respuesta inmediata y digna a situaciones de vulnerabilidad. No se trata de desahucios ni de pobreza estructural, sino de casos muy concretos donde la persona tiene empleo y recursos, pero necesita salir urgentemente de su vivienda por motivos imprevistos y graves”.
