El conflicto es un cruce de intereses energéticos, planificación territorial y presión vecinal cuyo desenlace dependerá, en última instancia, de la justicia.
El Ayuntamiento de Marratxí ha marcado su rechazo absoluto al parque fotovoltaico de Son Bonet. El consistorio ha trasladado este mensaje directamente a AENA, descartando cualquier tipo de acuerdo que permita el desarrollo del proyecto en este enclave estratégico del municipio.
La reunión, solicitada de forma reiterada por el consistorio a distintas instancias estatales, se celebró con altos cargos de la empresa pública: responsables de planificación aeroportuaria, gestión de aeropuertos y la dirección del propio aeródromo de Son Bonet. Sobre la mesa, un único punto clave: el futuro del proyecto energético. La respuesta municipal fue clara. No hay margen de negociación.
El alcalde, Jaume Llompart, defendió una postura que el equipo de gobierno considera “clara e innegociable”: el parque solar no se instalará en Son Bonet. Además, dejó constancia de que el Ayuntamiento seguirá utilizando todas las vías institucionales, técnicas y judiciales para frenar su ejecución.
Durante la reunión, AENA planteó explorar posibles vías de consenso. Sin embargo, el consistorio rechaza de plano cualquier escenario que implique avanzar en el proyecto. Este posicionamiento cobra más relevancia tras las referencias de la empresa pública a supuestos avances en etapas anteriores con otros equipos de gobierno, un extremo que el actual ejecutivo municipal interpreta como un elemento más para reforzar su línea: evitar cualquier ambigüedad política o técnica.
El conflicto no es nuevo. El proyecto fotovoltaico de Son Bonet sigue sin estar aprobado y permanece judicializado, lo que bloquea su desarrollo. En 2021, ya fue rechazado cuando se intentó tramitar como proyecto industrial estratégico. La negativa del Govern balear se basó en un informe desfavorable y vinculante del propio Ayuntamiento de Marratxí.
Posteriormente, en 2023, el proyecto sufrió otro revés. La solicitud de autorización administrativa previa fue denegada por la caducidad de los permisos de acceso y conexión eléctrica, lo que provocó además el archivo del expediente ambiental. A pesar de los recursos presentados por AENA, el caso sigue pendiente de resolución judicial.
Uno de los puntos clave del escenario actual es la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida recientemente por el Govern balear por mandato judicial. Sin embargo, este documento no autoriza el proyecto. Su validez está suspendida hasta que exista una sentencia firme, por lo que no tiene efectos legales para ejecutar la instalación.
Desde el punto de vista urbanístico y territorial, el Ayuntamiento sostiene que el proyecto no cumple con la normativa vigente. Señala incompatibilidades con el planeamiento municipal, el Plan Director de AENA y la planificación territorial autonómica. Este argumento técnico refuerza la oposición política.
A ello se suma un factor clave: el uso histórico de Son Bonet como espacio público. El consistorio defiende que estos terrenos han tenido durante décadas una función social consolidada, por lo que su transformación en un uso industrial resulta, a su juicio, contraria al interés general de Marratxí.
El Ayuntamiento insiste en que su postura no es contraria a las energías renovables, sino a su implantación en ubicaciones que considera inadecuadas. El debate, por tanto, no es energético, sino territorial, legal y social.
En paralelo, el consistorio mantiene una estrategia activa en los tribunales, donde figura como parte implicada en el procedimiento. La hoja de ruta es clara: defender el municipio en todas las instancias posibles.
