Més per Mallorca señala que hay más de 100.000 casas vacías en las Islas.
Més per Mallorca ha acusado al Govern balear de impulsar un nuevo ciclo de especulación inmobiliaria mientras rechaza prorrogar los contratos de alquiler post-pandemia, una medida que, según la formación, dejará a casi 70.000 personas expuestas a incrementos inasumibles en 2026.
La tensión en torno al mercado de la vivienda vuelve a marcar la agenda política balear. Durante el pleno del Parlament celebrado este 9 de diciembre, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, criticó con dureza la estrategia del Govern, acusándolo de “apostar por un boom inmobiliario” pese a que, destacó, existen más de 100.000 viviendas vacías en el archipiélago. Según Apesteguia, la promesa del Ejecutivo de levantar decenas de miles de casas resulta contradictoria con el escenario actual de infrautilización del parque inmobiliario, un debate constante en las Illes Balears por su impacto sobre los precios, la economía familiar y el consumo interno.
Los alquileres post-pandemia, eje de la disputa
El choque político se intensificó durante la interpelación al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa. Apesteguia censuró que el Govern se niegue a extender los contratos de alquiler formalizados en 2021 en plena salida de la pandemia. Según MÉS, la falta de prórroga afectará directamente a 69.210 personas, cuyos contratos expiran en 2026. La cifra, subrayó el diputado, “marca un cambio de rumbo” en el acceso a la vivienda y sitúa a miles de familias ante un aumento del gasto que calificó de “inasumible”.
Presión a la economía doméstica
Los datos aportados por Més señalan que en 2026 finalizarán 24.456 contratos de arrendamiento firmados durante la post-pandemia. Cuando estos contratos se renueven, afirmó Apesteguia, los inquilinos deberán asumir un coste anual adicional de 4.615 euros al actualizarse el precio al mercado. Según el portavoz, este incremento puede poner en riesgo el presupuesto de familias con ingresos medios y bajos, aumentando la brecha social en un contexto ya marcado por los precios altos del alquiler, un problema estructural en Baleares que tensiona tanto el consumo privado como la estabilidad del mercado laboral y el acceso a la vivienda.
