Aina Amengual denuncia la falta de transparencia del gobierno de Jaume Llompart y pone el foco en los cambios de criterios de un proceso de adjudicación de vivienda pública en plena crisis habitacional.
Més per Marratxí denuncia que entre las personas adjudicatarias de las viviendas públicas del IBAVI en Sa Cabana se encuentran el hijo de un concejal del PP de Marratxí y el sobrino de otra concejala del mismo partido. La formación ha podido conocer esta información después de cerca de ocho meses reclamando documentación relacionada con el proceso y después de que se le negara el acceso a información que consideraba necesaria para ejercer su labor de fiscalización.
Finalmente, Més per Marratxí ha podido acceder a la documentación gracias al trabajo de Ferran Rosa, diputado de Més per Mallorca en el Parlament de les Illes Balears. El análisis de esta información es el que ha permitido a la formación identificar los dos vínculos familiares entre personas adjudicatarias de las viviendas y miembros del gobierno municipal del PP.
«Hemos estado cerca de ocho meses reclamando información sobre estas adjudicaciones. Nos negaron el acceso a la identidad de las personas empadronadas que participaban en el proceso y, finalmente, ha sido gracias al trabajo de Ferran Rosa en el Parlament que hemos podido acceder a la documentación. Así es como hemos comprobado que entre los adjudicatarios están el hijo de un concejal del PP y el sobrino de otra concejala del PP. Estos son los hechos que hoy denunciamos», afirma la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.
Los ecosoberanistas consideran especialmente grave la negativa a facilitar esta información porque había sido solicitada por los concejales de la oposición para ejercer sus funciones de control y fiscalización. Recuerdan que el Reglamento Orgánico Municipal de Marratxí establece que los concejales tienen derecho a obtener del Ayuntamiento los antecedentes, datos o informaciones que estén en poder de los servicios municipales y sean necesarios para desarrollar su función. La legislación balear de régimen local reconoce igualmente este derecho y establece al mismo tiempo el deber de reserva y confidencialidad sobre la información obtenida.
«No pedíamos que se publicasen datos personales. Pedíamos poder consultar, como concejales y con el correspondiente deber de reserva, una información que necesitábamos para fiscalizar un proceso de adjudicación de vivienda pública. Nos negaron el acceso y hemos tenido que conseguir esta información por otra vía. Para nosotros, esto evidencia la falta de transparencia con la que se ha gestionado este asunto», señala Amengual.
Més per Marratxí pone también el foco en los criterios específicos aplicados a esta promoción y en la modificación de las prioridades del proceso. En diciembre de 2023, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el IBAVI para que las personas que acreditasen más de cinco años de residencia en Marratxí tuvieran preferencia en la adjudicación de las 34 viviendas de Sa Cabana. El propio alcalde, Jaume Llompart, reivindicó públicamente que había sido su gobierno quien había solicitado esta priorización al IBAVI.
Según los datos publicados entonces por el propio Ayuntamiento, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia en Marratxí, además de una persona con esta antigüedad y movilidad reducida, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en el municipio o residentes en el resto de las Illes. Cuando se entregaron las viviendas, el mismo consistorio volvió a confirmar que en el proceso de adjudicación se habían priorizado los residentes de Marratxí en virtud del acuerdo entre el Ayuntamiento y el IBAVI.
Para Més, esta decisión plantea una cuestión de fondo sobre qué peso tuvo la necesidad habitacional frente al criterio de residencia. «Ser marratxiner o llevar más de cinco años empadronado en Marratxí acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda. Si ya existía una demanda de vivienda pública, tenemos dudas sobre qué efecto tuvo este cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera personas o familias con una mayor necesidad habitacional», afirma Amengual.
La formación recuerda, además, que no se trata de una priorización que el Ayuntamiento haya conocido a posteriori. Llompart la reivindicó públicamente en diciembre de 2023, cuando explicó que su gobierno había hablado con el IBAVI y había pedido que los marratxiners tuvieran preferencia. En octubre de 2024, con la entrega de las últimas 12 viviendas, el alcalde volvió a presentar la prioridad de los residentes locales como una reivindicación de su gobierno desde el inicio de la legislatura.
Més enmarca su denuncia en la crisis de acceso a la vivienda que sufren Mallorca y el conjunto de las Illes Balears. Los datos oficiales presentados este mes de septiembre por el nuevo Observatori de l’Habitatge de les Illes Balears estiman en unos 17.000 viviendas el déficit acumulado durante los últimos 25 años derivado del crecimiento poblacional. Entre los años 2000 y 2025, la población de las Illes aumentó un 46,3%, mientras que el número de viviendas lo hizo un 31,5%. El mismo Observatori advierte de que esta estimación de déficit no equivale necesariamente a la demanda real de vivienda.
«Precisamente porque vivimos una crisis de vivienda y porque hay muchas familias con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna, una adjudicación de vivienda pública debería haber sido más transparente que nunca. Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta», afirma Amengual.
Para la portavoz de Més, los hechos conocidos ponen el foco sobre la gestión política del gobierno de Jaume Llompart: el PP reivindicó haber impulsado un cambio en las prioridades de la promoción, MÉS afirma que durante cerca de ocho meses no pudo acceder a la información que reclamaba para fiscalizar el proceso y, cuando finalmente ha podido obtener la documentación gracias al trabajo parlamentario de Ferran Rosa, ha identificado a dos familiares de dos concejales del PP entre las personas adjudicatarias.
«Durante meses no pudimos acceder a una información que considerábamos necesaria para hacer nuestro trabajo. Ahora que finalmente hemos podido conocerla, gracias al trabajo de Ferran Rosa, sabemos que dos de las viviendas han sido adjudicadas a familiares de dos concejales del PP. Y sabemos también que Jaume Llompart reivindicó públicamente haber impulsado el cambio de prioridades de esta promoción. En plena crisis de vivienda, consideramos que la ciudadanía debe conocer estos hechos», concluye Aina Amengual.
Més per Marratxí asegura que continuará fiscalizando la documentación obtenida y el procedimiento seguido en estas adjudicaciones para conocer qué efecto tuvieron los criterios específicos y la priorización por residencia sobre el conjunto de personas que aspiraban a una vivienda pública.
