Més per Marratxí presenta alegaciones porque «no se puede permitir opacidad o arbitrariedad en procesos que afectan a personas en situación de máxima vulnerabilidad”.
Més per Marratxí ha registrado un conjunto de alegaciones al proyecto de reglamento que regulará los viviendas de emergencia social en el municipio. La formación ecosoberanista considera que el documento actual es demasiado genérico y poco garantista, por lo que propone varias mejoras para asegurar una gestión justa, clara y eficaz. “Nos preocupa profundamente que un recurso tan esencial como la vivienda de emergencia pueda gestionarse sin criterios claros ni transparentes. No podemos permitir opacidad o arbitrariedad en procesos que afectan a personas en situación de máxima vulnerabilidad”, ha afirmado Aina Amengual, portavoz de MÉS per Marratxí.
Propuestas clave de Més
- La publicación del inventario actualizado de viviendas disponibles.
- Una definición clara del concepto de “emergencia social”.
- La creación de un sistema de adjudicación objetivo, con puntuaciones públicas y mecanismos de control ciudadano.
También se reclama la constitución de una comisión técnica independiente para valorar las solicitudes, la publicación anonimizada de los resultados, la posibilidad de prórrogas excepcionales y el acompañamiento social tras el periodo de estancia.
“Las personas que solicitan una vivienda de emergencia no necesitan buenas palabras, necesitan seguridad jurídica, igualdad de oportunidades y una administración que actúe con responsabilidad y compromiso social”, ha subrayado Amengual.
Un modelo de vivienda con enfoque inclusivo
Desde Més insisten en que el acceso a la vivienda debe ir más allá de ser una respuesta puntual: “No podemos entender la vivienda como una solución reactiva. Debe formar parte de un itinerario real de inclusión, con apoyo técnico y opciones de continuidad. No podemos permitir que las personas vuelvan a la calle tras doce meses”, ha explicado la portavoz.
La formación ha instado al equipo de gobierno municipal a valorar estas aportaciones antes de aprobar el reglamento de forma definitiva, y reafirma su compromiso con un modelo de gestión pública de la vivienda basado en los derechos sociales, la transparencia y la justicia redistributiva.
