Solicitan más impuestos turísticos, vivienda garantizada y medidas sociales.
La escalada de precios es imparable. La guerra en Oriente Medio ha supuesto un nuevo varapalo para la trastocada economía de las familias de Baleares. Con la vivienda por las nubes y la cesta de la compra en máximos, el conflicto bélico aprieta la soga que estrangula a muchos hogares en las Islas.
En este contexto, Més per Mallorca ha lanzado una batería de propuestas contundentes presentadas como enmiendas al decreto ley de proyectos estratégicos. Su diagnóstico es claro: la situación exige medidas extraordinarias y urgentes.
Un escudo social ampliado ante la presión económica
La formación plantea reforzar la protección a varios colectivos especialmente vulnerables. Personas desempleadas. Dependientes. Familias con hijos. Beneficiarios de ayudas como el bono social térmico o la renta social garantizada.
El objetivo es contener el impacto directo del aumento de precios en la vida cotidiana. Porque el problema ya no es estructural sino inmediato.
Vivienda: una garantía para quienes quedan fuera
El acceso a la vivienda vuelve al centro del debate. Més propone crear una garantía de vivienda social, dirigida a quienes cumplen los requisitos pero no pueden acceder a un inmueble público por falta de disponibilidad administrativa.
La formación propone duplicar el impuesto de turismo sostenible y destinar esos recursos a sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria y la artesanía.
Además, amplía el uso de estos fondos hacia la eliminación de oferta turística obsoleta, el acceso a la vivienda y el impulso del uso social del catalán.
El paquete de medidas incluye también cambios en educación. Se plantea fijar precios máximos o tarifas reguladas en actividades complementarias de centros sostenidos con fondos públicos.
Y, además, regular el transporte escolar y el discrecional vinculado a actividades educativas.
El documento incorpora un endurecimiento del régimen sancionador para vehículos sin conductor.
Pero el punto más contundente llega al final: la propuesta de suprimir íntegramente el decreto ley de proyectos estratégicos.
