El objetivo es “poner fin a la escalada de precios de la vivienda”.
Més per Mallorca registrará en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la garantía del uso residencial de las viviendas y contra la especulación en las Illes Balears. El anuncio llega después de que el grupo parlamentario del PP, liderado por Marga Prohens, votara en contra de su toma en consideración esta semana en el Parlament, impidiendo su debate.
La iniciativa ha sido presentada este viernes por el diputado de Més en el Congreso, Vicenç Vidal, y por el portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia. Este último ha recordado que ya advirtió que la ley “se aprobaría más pronto que tarde”.
Objetivo: frenar la escalada de precios
Vidal ha explicado que la norma busca “poner fin a la escalada de precios de la vivienda” en Baleares, tanto en compra como en alquiler. Ha subrayado que el acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de la ciudadanía del archipiélago y que la situación no solo no mejora, sino que empeora año tras año.
El 54 por ciento de las viviendas son adquiridas por empresas o fondos de inversión.
En la iniciativa original, registrada en 2024, se recogía que el precio medio de la vivienda había aumentado un 30 por ciento. Ese incremento, según los datos actualizados aportados por la formación, se eleva ya al 44 por ciento entre 2020 y 2025.
Además, Baleares continúa siendo la comunidad con la tasa más alta de transacciones realizadas por no residentes. En 2024 alcanzó el 26 por ciento, según la memoria del CES del año pasado. El 54 por ciento de las viviendas son adquiridas por empresas o fondos de inversión.
Para Apesteguia, estos datos “constatan el fracaso de las políticas de desregulación del territorio y la vivienda de Marga Prohens”, al menos para “la gente normal que quiere desarrollar su proyecto de vida en las Illes”.
Del Parlament al Congreso
Tras el rechazo en la Cámara autonómica, MÉS opta por la vía estatal. “El PP ya se ha retratado y ha elegido especulación”, ha afirmado Vidal, quien ha señalado que las fuerzas que votaron a favor de la toma en consideración en el Parlament cuentan con mayoría en el Congreso y confían en su respaldo.
La propuesta parte de la base de que en la Unión Europea existen territorios que aplican limitaciones en la adquisición de vivienda. Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE contemplan la posibilidad de implantar restricciones al movimiento de capital vinculado a la compra de viviendas por no residentes, siempre que se cumplan cinco condiciones: razones imperiosas de interés general, especificidad, proporcionalidad, evaluabilidad y no discriminación.
Diez condiciones y hasta tres restricciones
Para justificar la proporcionalidad, la proposición de ley establece diez condiciones, de las cuales los municipios deberían cumplir al menos tres para poder aplicar restricciones en la compraventa de viviendas.
Entre ellas figuran que el precio de compra o alquiler haya aumentado un 3 % por encima de la variación del IPC de Baleares en los últimos cinco años; que se supere el umbral establecido para viviendas vacías y no principales; que el precio medio de compra supere el total acumulado de la proyección de diez años del salario neto medio en las islas; o que el precio medio de compra o alquiler supere en un 35 % la media del conjunto del Estado.
La capacidad de evaluación se garantiza fijando un plazo de 10 años para aplicar y analizar el impacto de las restricciones, con la posibilidad de mantenerlas o retirarlas. La especificidad se concreta en un máximo de tres medidas: limitación de la compra a no residentes, a personas jurídicas y a propietarios de una vivienda habitual.
