Per Mallorca plantea fijar un límite físico de población de 1,2 millones de habitantes.
“Els residents primer”. Ese es el eje sobre el que la formación Per Mallorca quiere construir su hoja de ruta.
El Consell Polític de la coalición, celebrado en un ambiente de optimismo y expectativa, ha servido para consolidar el liderazgo de Joan Serra y presentar públicamente una estructura que aspira a convertirse en pieza clave del tablero político balear. “No venim a cercar cadires, venim a ser imprescindibles”.
Así de claro se expresó Serra ante más de 60 delegados de agrupaciones municipales, junto a consellers, batles y regidores de toda la isla.
objetivo: disminuir la dependencia del turismo
Un mensaje que define carácter. Y ambición. La formación situó como prioridad absoluta la protección de los residentes de larga duración. Un modelo que apuesta por establecer medidas de preferencia en el acceso a la vivienda y a los servicios esenciales, como centros educativos y residencias, para quienes acrediten arraigo en Mallorca.
Un planteamiento que conecta con una de las principales preocupaciones sociales: la dificultad creciente para vivir en la propia isla.
Per Mallorca defiende también una transformación profunda del modelo económico. Sin estridencias. Pero con decisiones concretas.
Entre las propuestas anunciadas destaca la reducción de un 10 por ciento de las plazas hoteleras. La eliminación del alquiler vacacional en edificios plurifamiliares. Y un impulso decidido a la reindustrialización y al producto local como ejes de diversificación económica.
El objetivo: disminuir la dependencia del turismo y generar oportunidades estables. La formación fue especialmente contundente al abordar el debate poblacional. “A Mallorca no hi cap més gent”.
Per Mallorca plantea fijar un límite físico de población de 1,2 millones de habitantes. Una medida que consideran imprescindible para frenar la degradación del territorio y garantizar unos servicios públicos dignos.
En este contexto, el partido se mostró muy crítico con el decreto de regularización masiva impulsado por el Gobierno de España. Advierten de que los cálculos oficiales no incluyen los miles de procesos de reagrupación familiar que se producirán posteriormente.
