PIMEM denuncia el doble rasero de la administración con las grandes compañías sobre los plazos de pago cuando es proveedor y cuando es cliente.
PIMEM (Patronal de la Petita i Mitjana Empresa) ha comunicado su total rechazo a la política de permisividad de la administración ante los desvíos de procesos legales de grandes compañías a la hora de pagar a sus proveedores normalmente pymes. Para la patronal mallorquina este modus operandi pone es serio riesgo su supervivencia.
La Federación hace estas declaraciones en el contexto de la noticia publicada sobre que Ferrovial contrató a la consultora Equipo Económico para cambiar la legislación sobre los plazos de pago de las Administraciones Públicas.
PIMEM asegura que compañías con mucha capacidad económica logran interferir en las normas para acelerarlas si les conviene, como el caso de Ferrovial con pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores; o paralizarlas si les perjudican, como ocurrió en España con el Régimen Sancionador (que acumuló infinitas prórrogas en el Congreso sin llegar nunca a aprobarse), y lo que está pasando actualmente en Europa con el Reglamento Europeo contra la Morosidad, que está teniendo dificultades para terminar de aprobarse.
Jordi Mora, presidente de PIMEM recuerda los frutos que ha dado el trabajo que hizo la PMCM (Plataforma Multisectorial conta la Morosidad) con el Gobierno respecto al Plan de Pago a Proveedores y que posibilitó que muchas pymes acortaran sus plazos de cobro. Mora añade pero que “no obstante, la PMcM continúa denunciando que las grandes corporaciones que cobran en plazo no hacen lo mismo con sus proveedores, que en su mayoría son pymes”.
PIMEM mantiene que el Plan de Pago a Proveedores era una cuestión necesaria para las grandes empresas por ser proveedores de las Administraciones Públicas, pero especialmente para las pymes, tanto en su papel de proveedoras como de subcontratistas. Mora recuerda que “en aquel entonces, en el año previo al Plan de Pago a Proveedores, los datos de la PMcM cifraban el plazo medio de pago de las AA.PP. a sus proveedores en 162 días, más de cinco veces el plazo legal (fijado en 30 días). Esta es una media, por lo que se daban casos de plazos muy superiores al año”.
La Federación asegura que más allá del terreno de la morosidad, el ámbito sancionador tampoco escapa a esta dinámica. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a seis de las mayores constructoras del Estado por prácticas anticompetitivas en la adjudicación de contratos públicos durante más de 25 años. La sanción fue considerada histórica, pero la resolución quedó en suspenso tras recursos judiciales y falta de avances. Para Jordi Mora “la impresión que queda es que, en determinados casos, la capacidad de presión de ciertos actores puede diluir incluso las decisiones de los organismos independientes. Por cierto, en este documento se indicaba que el grupo de empresas tenía acordado pagar a los consultores externos a 180 días”.
