La Patronal solicita impedir que las empresas morosas reciban ayudas públicas, crear un registro de empresas morosas y proteger a las pymes que reclaman sus facturas.
“Mantener y reforzar el Régimen Especial de Balears es defender el futuro económico y social de nuestras islas. No pedimos más derechos que el resto de los territorios, sino que se tengan en cuenta nuestras circunstancias especiales. Vivir en una isla no debería suponer pagar más, tener menos oportunidades o disponer de peores servicios”. Así ha manifestado PIMEM al PSIB-PSOE la necesidad de seguir manteniendo y mejorando el actual REIB.
La patronal mallorquina enmarca esta petición en las diferentes reuniones que mantiene estos días con las formaciones políticas que concurrirán a las próximas elecciones generales. Y es que para la patronal mallorquina apoyar a las empresas, autónomos y sectores productivos para que puedan competir en condiciones más justas con los territorios peninsulares es prioritario. “Avanzar, aunque sea paulatinamente hacia una diversificación económica, no será posible si no se hace en igualdad de condiciones que ciertas empresas peninsulares”.
Otro aspecto importante que la patronal es blindar la conectividad. Es fundamental facilitar el transporte de personas y mercancías entre las islas, la península y el exterior y proteger el territorio y el medio ambiente. “Y es que tanto el transporte como el medio ambiente por el simple hecho de ser islas son cruciales. El caso de la presión sobre los recursos naturales, el agua, el suelo y la gestión de residuos es decisivo a la hora de impulsar un modelo económico sostenible y mantener, actualizar y mejorar el REIB deber ser una prioridad.
Una segunda petición de PIMEM a los socialistas es hacer cumplir y mejorar una ley contra morosidad y que tanto afecta a las pymes de todo el estado. Para el presidente de la patronal “una pyme no puede crecer si trabaja, entrega sus productos, presta sus servicios y después tiene que esperar meses para cobrar. Queremos una implicación real y efectiva de todos los partidos que esté en Madrid para proteger nuestra liquidez, que se nos garantice cobrar nuestras facturas en un plazo razonable y evitar que tengamos que financiar a las grandes empresas”.
Para una pyme, cobrar tarde no es simplemente un problema administrativo: puede poner en peligro su supervivencia, dificultar el pago de nóminas, proveedores, impuestos y otros gastos.
La Federació pide evitar los abusos de las grandes empresas que imponen condiciones de pago excesivamente largas a sus proveedores más pequeños y eso puede tener unas consecuencias letales para las compañías más pequeñas: desprotege el empleo por no poder pagar salarios y condiciona el crecimiento y la inversión de las pymes.
Finalmente, la PIMEM recuerda que el 85% de las grandes empresas supera los plazos legales y que la media de pago por parte de las granes empresas se sitúa en los 67 días y en el caso de las administraciones en los 70 días. La patronal que ve indispensable seguir con el trabajo que se ha iniciado por parte de la Plataforma contra la Morosidad y recuerda que el 24 de abril de 2026 se publicó en el Congreso una iniciativa legislativa para reformar la Ley 3/2004 e introducir un régimen de infracciones y sanciones graduadas, distinguiendo incumplimientos graves y muy graves.












