Más allá de los problemas con la web de transparencia del Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot denuncia que el gobierno de Jaume Llompart «tarda más de lo que la normativa exige en responder a las preguntas y documentación».
Los socialistas liderados por Miquel Cabot, denuncian que el consistorio que preside el popular Jaume Llompart no solo incumple con la actualización de la web de transparencia, sino que ralentiza deliberadamente las respuestas a las peticiones de información de la oposición. «Tardan más de lo que la normativa exige en responder a las preguntas y documentación que solicita la oposición».
¿Casualidad? ¿Desidia? ¿O estrategia interesada? En política, cuando la información no fluye, el control se desvanece. Con las prácticas de PP y Vox al frente del consistorio de Marratxí la democracia local se convierte en un tablero opaco donde las decisiones se toman lejos de la luz pública.
El miedo a las respuestas
Lo que los socialistas de Miguel Cabot ponen sobre la mesa no es una queja rutinaria. Es una alerta sobre algo mucho más profundo: el deterioro institucional. En un ayuntamiento, los plazos son ley. Las normas de acceso a la información no son un capricho: son el garante de que el poder no actúe en la sombra.
Si la oposición —cualquier oposición— no recibe a tiempo los documentos que solicita, no puede ejercer su labor. No puede fiscalizar, no puede denunciar, no puede defender al ciudadano. Y eso, en democracia, es tan grave como silenciar una voz en el Parlamento.
Cuando el silencio se convierte en estrategia
Cada vez que un gobierno local de Jaume Llompart se escuda en la burocracia para ocultar datos, está mandando un mensaje muy claro: no le gusta el debate, prefiere el silencio a la transparencia.
Y lo hace con una peligrosa naturalidad, como si la lentitud administrativa fuera un accidente. Pero no lo es.
Cabot ha querido poner nombre al problema. Su denuncia va más allá de Marratxí. Habla de una tendencia nacional: la sustitución de la rendición de cuentas por la propaganda institucional.
Cada nota de prensa, cada fotografía, cada titular complaciente, intenta tapar una realidad que huele a polvo de despacho: la falta de respuestas.
Porque cuando un consistorio se demora, lo que está negando no es solo un documento. Está negando el derecho ciudadano a saber.
