martes 27 enero 2026
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Sánchez aprueba la regularización masiva de inmigrantes

El proceso se enmarca como el primer gran hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural.

España abre un nuevo capítulo en su política migratoria. El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en el país. Una medida de alcance nacional. Con un objetivo claro: ofrecer una respuesta inmediata, ordenada y garantista a una realidad que afecta a cientos de miles de personas.

El proceso se enmarca como el primer gran hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Un modelo basado en derechos humanos, integración efectiva y cohesión social. Compatible con el crecimiento económico. Y con la estabilidad del sistema.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo define sin rodeos: una medida “largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que ya existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad”.

¿Quién puede acogerse?

Podrán solicitar la regularización todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses. La estancia podrá justificarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes de esa misma fecha.

Habrá un requisito imprescindible: no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

Qué autorización se concede.
Quienes cumplan las condiciones obtendrán una autorización de residencia con una vigencia inicial de un año. Esa autorización habilita para trabajar desde el primer día. En cualquier sector. Y en cualquier punto del territorio nacional.

Transcurrido ese año, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, avanzando hacia una integración plena y progresiva.

Plazos y procedimiento

Se prevé que las solicitudes comiencen a presentarse a principios de abril, una vez completados los trámites del Real Decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La tramitación tendrá un plazo máximo de tres meses. Pero hay una novedad clave: con la mera admisión a trámite —que deberá resolverse en un máximo de quince días— las personas podrán empezar a trabajar.

“El mecanismo es sencillo y persigue romper con las barreras burocráticas del pasado”, subraya Saiz.

¿A quién va dirigida la medida?

Principalmente a personas que llevan tiempo en España y han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización. Incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo.

No habrá distinción por nacionalidad. Solo importará el cumplimiento de los requisitos.

Impacto social y económico

El Gobierno defiende que la regularización beneficia a trabajadores y empresas. Derechos para unos y seguridad jurídica para otros.

“El trabajador gana derechos y el empresario gana seguridad jurídica. Con esta medida reduciremos la economía sumergida y ayudaremos a romper el círculo de explotación laboral”, afirma la ministra.

El proyecto incorpora un elemento central: la protección de la unidad familiar. Los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España podrán regularizarse de forma simultánea. Su autorización será de cinco años.

“La integración no es individual, es familiar”, recuerda Saiz.

Un precedente histórico

España ya ha recurrido en otras ocasiones a procesos de regularización cuando la realidad social lo ha exigido. Entre 1986 y 2005, gobiernos de distintos signos políticos lo hicieron.

“Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”, sostiene la ministra.

La medida retoma, además, el camino de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplia mayoría del Congreso, que había quedado bloqueada durante meses.

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