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Vox cree que el decreto de vivienda destruirá la oferta de alquiler en Baleares

Alarma en el Parlament por el futuro del alquiler: Vox advierte de que las trabas a la propiedad privada abocan a Baleares «al desastre».

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuela Cañadas, ha denunciado este miércoles en el Parlamento de Baleares que el nuevo decreto impulsado por el Gobierno central agravará de forma irreversible la crisis habitacional en el archipiélago. La dirigente de ultra derecha sostiene que el exceso de intervencionismo, la asfixia fiscal y el ataque constante a la propiedad privada terminarán por retirar miles de inmuebles del mercado residencial.

La representación parlamentaria de VOX acusa al Ejecutivo de mantener una estrategia fallida tras ocho años de gestión. Cañadas ha subrayado que medidas de este calado generan una profunda inseguridad jurídica que desincentiva a los pequeños tenedores a la hora de arrendar sus casas, lo que provocará un endurecimiento de los requisitos de entrada, un encarecimiento de las mensualidades y un perjuicio directo para los colectivos con menor capacidad económica.

La formación contrapone el modelo de restricción estatal con una batería de medidas enfocadas a la libertad de mercado y el aumento de suelo disponible.

La portavoz ha señalado un problema estructural doble, argumentando que el aumento poblacional contrasta con la falta de construcción de vivienda pública. La correlación matemática es inevitable: a menor oferta disponible y mayor presión demandante, los precios se disparan.

Desde Vox advierten de que impedir la recuperación del inmueble en casos de impago ahuyenta a los arrendadores, dejando a las familias en situación vulnerable en una posición aún más precaria al denegarles el acceso al alquiler.

La portavocía parlamentaria ha situado la presión fiscal como un factor clave en el coste final, denunciando que casi el 50 por ciento del precio de la vivienda responde a tasas e impuestos autonómicos y estatales.

Defienden la liberalización masiva de suelo, la agilización burocrática de licencias de obra, la rebaja de impuestos en las transacciones y el blindaje jurídico de los propietarios para incentivar la salida de casas al mercado libre.

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