Manuela Cañadas exige rebajar la «carga fiscal insoportable» de los carburantes.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha denunciado este lunes que la gasolina ha vuelto a rebasar la barrera psicológica de los dos euros por litro en el archipiélago, convirtiendo a Baleares en la comunidad autónoma con los carburantes más caros de todo el país. Según ha detallado la dirigente autonómica, llenar un depósito medio de combustible exige actualmente desembolsar cerca de 100 euros, lo que supone un sobrecoste superior a los 20 euros adicionales respecto a las tarifas registradas el pasado ejercicio, cuando el litro se situaba en el entorno de los 1,50 euros.
Cañadas ha cargado duramente contra el Ejecutivo central, acusando a la Administración General del Estado de enriquecerse a costa de los conductores balears al mantener una estructura fiscal inflexible. «Mientras las familias hacen cuentas para poder llegar a final de mes, el Gobierno hace negocio con su sufrimiento; cuanto más difícil resulta llenar el depósito, más dinero entra en las arcas públicas», ha aseverado la portavoz, quien ha remarcado que prácticamente la mitad de la factura total al repostar corresponde a tramos e impuestos estatales. La representante parlamentaria ha subrayado que la insularidad agrava la dependencia del vehículo privado, rechazando que la escalada de precios responda únicamente a la coyuntura del mercado internacional y calificando la permanencia de la presión fiscal como una decisión política del Gabinete central.
La ultraderecha ha centrado parte de sus críticas en las dramáticas consecuencias económico-sociales que esta escalada energética arrastra sobre el sector primario de las Islas.
Señalan en encarecimiento del gasóleo agrícola con el combustible profesional para maquinaria agraria disparado un 54 por ciento a lo largo del último año en la comunidad insular.
Apuntan a que, según cálculos aportados por la patronal ASAJA-Baleares, la subida del hidrocarburo generará un sobrecoste directo de 1,7 millones de euros anuales para los agricultores y ganaderos locales.
Cañadas advierte de que las explotaciones trabajan a pérdidas mientras el mercado permite la entrada de productos agroalimentarios procedentes de Marruecos que no soportan la misma carga regulatoria e impositiva
