Un accidente laboral y una baliza en el coche destapan una red de explotación de ciudadanos latinoamericanos en Palma.
Agentes de la Policía Nacional en Palma han desarticulado un grupo criminal y han detenido a tres hombres como responsables de una mercantil local. Se les acusa de ser los presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo I de la UCRIF (Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Balears. Aunque la empresa llegó a emplear de forma legal a una veintena de personas, mantenía a una parte significativa de la plantilla sin regularizar, principalmente ciudadanos de origen latinoamericano.
La investigación arrancó el pasado mes de junio a raíz de la denuncia de uno de los empleados. Tras sufrir un accidente laboral y coger la baja médica, la víctima comenzó a recibir continuas amenazas y coacciones por parte de la patronal para que se reincorporase de inmediato a su puesto.
Ante su negativa por las lesiones que padecía, el principal sospechoso ordenó someter al empleado a una vigilancia estrecha. La víctima sorprendió a un conocido del dueño grabándolo y siguiéndolo en las inmediaciones de su vivienda. Tras revisar su vehículo particular, descubrió que le habían instalado de forma clandestina un dispositivo de seguimiento GPS para controlar todos sus movimientos.
La toma de declaraciones a los testigos permitió a los investigadores constatar la existencia de dos clases de empleados dentro de la mercantil:
- Trabajadores regulares: Contaban con derecho a vacaciones, finiquitos y condiciones laborales legalizadas.
- Trabajadores irregulares (víctimas): Carecían de derechos, asumían tareas de alta complejidad sin formación ni equipos de protección individual (EPIs), manipulaban grandes pesos manualmente e incluso eran vertidos residuos químicos en contenedores públicos sin control.
Además, la dirección obligaba a los migrantes sin papeles a conducir vehículos de la empresa careciendo del permiso de conducción homologado en España, bajo la amenaza expresa de ser despedidos si se negaban. Las humillaciones eran constantes, llegando a proferir comentarios denigrantes como: «Si tú no quieres, hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros».
En una acción conjunta, la UCRIF y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizaron tres inspecciones en la sede de la compañía. Durante la intervención se identificó a siete empleados, tres de los cuales se encontraban en situación irregular en España.
Por el momento se ha acreditado la existencia de al menos cinco víctimas directas de explotación laboral. Los investigadores mantienen la operación abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
