Apesteguia pide a Armengol y Prohens que planten cara en Madrid para decidir sobre los vuelos en Baleares.
El coordinador general y portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha exigido este lunes a la Mesa del Congreso de los Diputados que levante el veto impuesto por el Gobierno central a la Ley de Cogestión Aeroportuaria. La norma, aprobada por el Parlament de les Illes Balears a iniciativa de los ecosoberanistas y de Més per Menorca, busca otorgar al archipiélago la capacidad de decisión sobre el modelo de gestión de los aeropuertos insulares y la regulación del volumen de tráfico aéreo. Apesteguia ha tildado el bloqueo de «indignidad» y ha acusado al Ejecutivo de actuar con una grave «falta de respeto y sensibilidad democrática» hacia las instituciones insulares.
El líder soberanista ha cuestionado los argumentos técnicos que sustentan la negativa del Gobierno estatal, asegurando que el informe de veto está plagado de «falsedades». Según expone la formación, Madrid justifica el bloqueo amparándose en una presunta reducción de las tasas aeroportuarias que, en realidad, no figura en el texto legislativo respaldado por la cámara autonómica. Desde MÉS insisten en que la norma no atenta contra las arcas estatales, sino que desarrolla las competencias previstas en el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears para poner coto a la masificación y regular el techo de vuelos en las islas.
Ante la decisiva reunión del órgano rector de la Cámara Baja prevista para este martes, Apesteguia ha dirigido sus peticiones a los principales liderazgos de la política balear. Ha instado a la presidenta del Govern a influir sobre los cuatro representantes del PP en la Mesa del Congreso para que voten a favor de levantar la suspensión preventiva.
El portavoz ha interpelado directamente a la presidenta del Congreso para que determine la posición de los tres miembros del PSOE y defienda la capacidad de autogobierno del archipiélago por encima de las directrices de su partido.
La formación ecosoberanista reclaman a ambas líderes autonómicas que antepongan la «lealtad al país» para permitir que la proposición de ley aprobada en Palma pueda, al menos, tramitarse y debatirse en las Cortes Generales.
