Consideran que «convertir al pequeño propietario en servicios sociales es un fracaso».
Coalició per Mallorca ha exigido una distinción clara y radical entre los grandes fondos buitre de inversión y los pequeños propietarios locales ante los nuevos decretos presentados por el Govern de PSOE y SUMAR-Més en vivienda. El candidato de la formación, Pere Sánchez, advierte de que aplicar restricciones idénticas a realidades opuestas está retirando oferta del mercado del alquiler y empeorando la falta de inmuebles disponibles.
Desde Coalició per Mallorca califican de fracaso absoluto las políticas de vivienda ejecutadas durante los últimos años por los ejecutivos progresistas. La formación sostiene que aumentar las cargas e incertidumbres sobre los arrendadores particulares solo genera desconfianza, provocando que miles de inmuebles permanezcan cerrados por miedo a la inseguridad jurídica o a los impagos.
El partido político fija su propuesta marco en la necesidad de blindar jurídicamente al pequeño tenedor frente a la inacción administrativa.
Sánchez defiende que la atención a familias vulnerables le corresponde exclusivamente a la Administración. El Estado debe aportar alternativas habitacionales y asumir el coste económico, en lugar de convertir al pequeño propietario en el servicio social que el Gobierno es incapaz de gestionar.
Garantía económica frente a impagos: Cuando una situación acreditada de vulnerabilidad impida recuperar una vivienda, la Administración debe garantizar tanto la protección de los inquilinos como el cobro íntegro de las rentas al dueño durante dicho período.
Consideran que Baleares arrastra un déficit estimado de 17.000 viviendas, provocado por un crecimiento demográfico del 46 por ciento en los últimos 25 años. Coalició per Mallorca señala a PP y PSOE como responsables directos por promover un crecimiento poblacional sin planificar infraestructuras ni servicios básicos.
La propuesta pasa por perseguir a los fondos especulativos, ofrecer incentivos a los dueños locales, agilizar el desalojo en casos de okupación ilegal y aumentar de forma drástica la construcción de vivienda pública.
