Piden un veto expreso a que personas en situación irregular u okupas puedan empadronarse en las viviendas okupadas.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha anunciado la presentación de una amplia iniciativa legislativa que busca redefinir el modelo residencial autonómico y nacional. La batería de medidas contempla la eliminación total de la carga fiscal en la compra de la primera vivienda habitual —tanto nueva como de segunda mano—, así como la instauración de un principio de prioridad de los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda protegida (VPO) y a cualquier subvención pública destinada al alquiler o compra.
En su comparecencia de este 7 de octubre, Cañadas ha vinculado el colapso del mercado inmobiliario a la combinación de parálisis en la construcción y la presión demográfica generada por la llegada de más de cinco millones de personas en los últimos años. Asimismo, la portavocía parlamentaria de Vox ha calificado de «burla» el anuncio de huelga general promovido por sindicatos como UGT y CCOO contra la oposición, recordando que las administraciones recaudan anualmente más de 52.000 millones de euros en tributos derivados del sector de la construcción y la compraventa.
El plan registrado por la formación de derecha aborda la problemática residencial combinando exenciones fiscales, liberación de suelo y medidas sobre extranjería y seguridad ciudadana.
Hablan de exención fiscal completa para la adquisición del primer inmueble habitual y una fiscalidad más elevada para compradores no comunitarios, destinada a frenar la especulación de capitales extranjeros.
Petición de mayor liberación de suelo urbanizable, agilización burocrática y fomento de VPO en régimen de propiedad o alquiler con opción a compra. En materia de arrendamiento, plantean deducciones de IRPF para inquilinos y garantías jurídicas de cobro y recuperación del inmueble para los propietarios.
La iniciativa aboga por la repatriación inmediata de inmigrantes irregulares, la remigración de extranjeros que no aporten laboralmente y pretendan vivir del sistema asistencial, y la deportación de aquellos que hayan cometido delitos.
Veto expreso a que personas en situación irregular u ocupas puedan empadronarse en las viviendas ocupadas para acceder a derechos vinculados, acompañado de un marco legal de desalojo en menos de 24 horas.
