La creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave con multas a partir hasta 90.000 euros.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear, han detectado 11 infraviviendas ilegales dentro de una misma finca en el municipio de Manacor. Todas las construcciones son propiedad de una sola persona, quien las alquilaba pese a no cumplir con los requisitos mínimos de salubridad ni seguridad.
Un asentamiento sin condiciones básicas
La inspección reveló construcciones chabolistas precarias, con baños comunes y graves deficiencias estructurales. Los inmuebles carecían de condiciones básicas como instalación eléctrica segura, agua potable o sistemas de saneamiento adecuados. Además, se detectó una acumulación de basura y residuos orgánicos, lo que agravaba la situación de insalubridad del recinto.
Alquiler ilegal y explotación habitacional
El propietario, según informaron los agentes y técnicos, cobraba sumas de dinero por el alquiler de cada una de estas infraviviendas. Se aprovechaba de la vulnerabilidad social y económica de las personas que, por necesidad, accedían a vivir en esas condiciones.
El Govern de les Illes Balears ha abierto diligencias y tramita un expediente sancionador. De acuerdo con la Ley de Vivienda de Baleares, la creación de infraviviendas se considera una infracción muy grave, sancionable con multas de entre 30.001 y 90.000 euros por cada infravivienda.
Actuación conjunta y mensaje claro
La operación ha sido posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional y el Govern, quienes han enviado un mensaje claro: no se tolerará la explotación mediante alquileres ilegales que vulneran el derecho a una vivienda digna.
Las autoridades han recordado que este tipo de infracciones no solo suponen un delito contra la normativa urbanística y de vivienda, sino también una amenaza directa a la seguridad y salud pública.
