miércoles 01 diciembre 2021
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Incentivos para las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social

El Consell de Mallorca ha anunciado que, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), incentivará a las empresas y autónomos que contraten a personas receptoras de la renta mínima de inserción (RMI). Una iniciativa pionera a nivel nacional que permite, según las palabras de Maria Salom, presidenta del Consell, “por un lado, la oportunidad de conseguir trabajo a personas en riesgo de exclusión social y, por otro, ayuda a las empresas a generar puestos de trabajo”.

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado las bases reguladoras de estas ayudas, para las cuales, el IMAS destinará inicialmente 150.000 euros. Esta subvención cubrirá parte del sueldo de la persona contratada, que dejará de percibir la RMI.

Además de estas subvenciones, desde el Consell de Mallorca explican que se mantienen las ayudas directas a las personas en situación de vulnerabilidad, para las que el IMAS dispone de una partida de seis millones y medio de euros para este ejercicio 2013.

La consellera de Benestar Social y presidenta del IMAS, Catalina Cirer, ha asegurado que las expectativas de esta primera convocatoria son las de llegar a la contratación de entre 70 y 80 personas.

Algunos de los requisitos que tienen que cumplir las empresas para poder acceder a esta línea de ayudas pasan por garantizar a la persona contratada un sueldo un 25% superior al salario mínimo interprofesional y un contrato que no sea inferior a media jornada.

DECLARACIÓN SOBRE LOS DESAHUCIOS
Por otro lado, el Consell de Mallorca ha llevado a Pleno una declaración institucional, pactada por todos los grupos políticos, en la cuál se hace constar “la consternación por la muerte de distintas personas, también en nuestras Islas, relacionadas con la pérdida de su vivienda” e insta a los grupos políticos del Congreso a aprobar la iniciativa legislativa popular para la dación en pago.

En la declaración, que ha sido leída por Salom, se ha puesto de manifiesto que el pago de las deudas hipotecarias “debe poder resolverse con soluciones como la simple dación de la vivienda habitual por parte de las familias, que de forma sobrevenida y de buena fe, no puedan hacer frente a las cuotas bancarias”.

También defiende que la dación en pago se debe poder aplicar de forma retroactiva, así como se ha de posibilitar que los ciudadanos afectados puedan seguir viviendo en el piso con un alquiler social.

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