Un carné de Ghana falso y una tarjeta de traductor destapan un presunto delito en Palma.
La Policía Local de Palma investiga a un hombre de 40 años y nacionalidad ghanesa por presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. Lo ha hecho después de comprobar que los dos documentos que presentó para acreditar su identidad y permiso de conducción eran falsos. La investigación se prolongó durante más de 2 meses y concluyó con un informe pericial que confirmó las irregularidades.
Los hechos comenzaron el pasado 31 de agosto, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) detectó un ciclomotor que accedía a la calle Antoni Frontera sin respetar la prioridad de paso. Al detener al conductor y solicitarle la documentación, este mostró una tarjeta expedida por una asociación de traductores e intérpretes.
Los agentes comprobaron que aquel documento no autorizaba a conducir. Por ello, lo intervinieron y citaron al motorista para que acudiera al día siguiente a dependencias policiales con su permiso de conducción.
El hombre se presentó en comisaría y entregó un permiso que supuestamente había sido expedido por la República de Ghana. Los agentes comprobaron que la licencia estaba caducada y no podía canjearse en España. Además, detectaron irregularidades en el soporte físico y la ausencia de medidas básicas de seguridad, por lo que intervinieron el documento de forma cautelar.
Ante las sospechas, la Sala de Atestados solicitó un análisis de documentoscopia a un especialista de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC). Tras varias semanas de comprobaciones y comparaciones técnicas, el informe concluyó que tanto el permiso de conducir ghanés como la tarjeta de traducción eran falsificaciones con capacidad para inducir a engaño sobre su autenticidad.
La investigación también determinó que el hombre conducía sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente.
Una vez confirmadas las falsificaciones, el motorista fue citado en dependencias policiales como investigado no detenido. Asistido por una abogada de oficio, se acogió a su derecho a no declarar.
La Policía Local ha remitido las diligencias y las pruebas documentales a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.
