La Cámara tumba el blindaje de contratos e indemnizaciones por desahucio.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado este viernes dos Reales Decretos-ley clave impulsados por el Gobierno en materia de vivienda. La suma de los votos negativos del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya ha decantado la balanza, asentando la percepción de un adelanto electoral inminente. Desde el Ejecutivo han calificado la postura del grupo de Carles Puigdemont como una traición: «Han traicionado a su pueblo», han aseverado fuentes gubernamentales tras consumarse el fracaso parlamentario.
El primero de los textos, el Real Decreto-ley 26/2026 (medidas para la función social y la oferta asequible), ha decaído por 172 votos a favor y 178 en contra. Por su parte, el Real Decreto-ley 27/2026 (estabilidad de contratos de arrendamiento) ha registrado un rechazo aún mayor, cosechando 166 apoyos frente a 184 votos en contra, dejando sin efecto legal la batería de reformas urgentes del departamento ministerial.
La derogación en bloque de ambas normas tumba un ambicioso paquete presupuestario, fiscal y regulatorio que afectaba de forma directa al mercado del alquiler:
- Caída del paquete fiscal y freno a desahucios: El Decreto-ley 26/2026 fijaba la suspensión temporal de desahucios para vulnerables sin alternativa residencial, la acreditación de gran tenedor y severos ajustes fiscales en el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades e IBI.
- Cancelación de 2.280 millones en avales: La norma derogada contemplaba la creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social con 2.000 millones de euros en avales para parque público social, 280 millones para construcción industrializada y préstamos al 0% de interés para cubrir hasta el 20% del valor de acceso a la vivienda.
- Blindaje contractual y veto a la prórroga obligatoria: El Decreto-ley 27/2026 pretendía reformar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) imponiendo prórrogas sucesivas de 5 o 7 años tras vencer el contrato y ampliando a 6 meses el preaviso del arrendador.
- Indemnización de un año cancelada: La normativa tumbada exigía al propietario que no deseara prorrogar el contrato a indemnizar al inquilino con el equivalente a 12 mensualidades de renta de una vivienda análoga.
