El alcalde reitera su petición y solicita que se actúe como se ha hecho con la de Madrid.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha reiterado este martes a la Delegación del Gobierno la necesidad de que actúe de manera inmediata para poner fin a la acampada instalada en la plaça d’Espanya, después de que la Policía Nacional haya intervenido esta madrugada para desalojar la concentración de la Puerta del Sol de Madrid.
Tras esta actuación, el alcalde se ha vuelto a poner en contacto con el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, para trasladarle nuevamente la exigencia de que actúe en el ejercicio de sus competencias y actúe en Palma del mismo modo que se ha hecho en Madrid.
Martínez Llabrés ha señalado que la intervención en la capital da la razón a las reiteradas peticiones del Ajuntament, que lleva más de un mes reclamando a la Delegación del Gobierno que intervenga.
En este sentido, ha señalado que las mismas normas y leyes deben aplicarse por igual, con independencia de la ciudad en la que se produzcan los hechos.
“Si en Madrid se ha considerado que esta concentración ha superado el plazo previsto y que la situación ya no está amparada por el derecho de manifestación, en Palma debe aplicarse exactamente el mismo criterio”, ha señalado el alcalde, quien ha añadido que “lo primero que necesitamos es que la Delegación del Gobierno ejerza sus competencias y actúe”.
Asimismo, Martínez Llabrés ha anunciado que el Ajuntament iniciará desde este mismo martes las actuaciones que le corresponden, en el marco de sus competencias, para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, entre ellas la Ordenanza Cívica y la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública.
Cabe recordar que el pasado 1 de octubre el Ajuntament ya reclamó formalmente a la Delegación del Gobierno que asumiera sus responsabilidades y adoptara las medidas necesarias para poner fin a la ocupación, una vez vencido el plazo que la propia organización había comunicado para llevar a cabo la concentración.
El Consistorio recuerda que la ocupación de la plaça d’Espanya, un espacio público por el que transitan diariamente alrededor de 50.000 personas, dificulta las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento municipales y limita el uso y disfrute de este espacio por parte del conjunto de los ciudadanos.
Asimismo, la instalación de cerramientos y otros elementos, así como la conexión a la red eléctrica sin autorización, puede ocasionar desperfectos y deterioro en el pavimento y en otros elementos del espacio público.
El Ajuntament insiste en que respeta plenamente el derecho de manifestación y concentración, pero recuerda que su ejercicio debe ser compatible con el cumplimiento de la normativa vigente y no puede justificar una ocupación indefinida del espacio público.
Por todo ello, Cort vuelve a exigir a la Delegación del Gobierno en las Illes Balears que actúe para poner fin a la acampada, aplicando en Palma los mismos criterios y la misma normativa que se han aplicado en Madrid.
