Més per Marratxí ha presentado una serie de alegaciones al Plan que se aprobó inicialmente en sesión plenaria el día 30 de septiembre de 2014 al no contemplar ninguna subvención ni ayudas al área de Servicios Sociales, por lo cual el Plan Estratégico no cumplía la Ley General de Subvenciones 38/2003.
Si uno de los objetivos, dicen, que tiene el Plan Estratégico de Subvenciones es la de fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social, desde Més no entienden como no se incluye ninguna partida que haga referencia a estos conceptos.
Añaden que tampoco se cumplían los objetivos de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
El Plan de Subvenciones aprobado inicialmente contemplaba cuatro áreas de actuación: participación ciudadana, promoción del deporte, dinamización cultural, educación y juventud y tercera edad. Carecía toda el área de Servicios Sociales, por lo cual no cumplía la Ley General de Subvenciones Públicas.
Més per Marratxí, subraya el hecho de que la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares encontrara en el ejercicio 2009 del Ayuntamiento de Marratxí una serie de deficiencias e incumplimientos de la legislación vigente, por lo cual formuló una batería de recomendaciones respecto a las subvenciones que concede este Ayuntamiento y que junto con los puntos anteriormente mencionados han sido la base de las alegaciones presentadas.
La formación econacionalista quiere dejar claro que las alegaciones presentadas por su grupo, han sido aceptadas por el temor del Ayuntamiento a que el Plan fuera impugnado o recurrido a estamentos superiores para hacer cumplir la legislación vigente en materia de transparencia en ayudas y subvenciones.
Por todo esto, los regidores del grupo de Més per Marratxí, Joan Francesc Canyelles y Miquel Rosselló han manifestado que “el secretismo contribuye al uso indebido del poder público y genera pérdida de confianza por parte de la ciudadanía” y a la vez se muestran preocupados por esta carencia de transparencia y recuerdan al consistorio el deber de respetar y cumplir la normativa vigente cómo ha insistido la Sindicatura de Cuentas.
