El Ajuntament alerta de una nueva jornada de saturación en las OAC de Palma. En Pere Garau se ha producido una agresión.
El Ajuntament de Palma denuncia que las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) municipales continúan colapsadas por cuarto día consecutivo como consecuencia directa de la falta de planificación del Gobierno de España en el proceso de regularización extraordinaria.
Durante la jornada de este lunes, se ha vuelto a registrar una afluencia masiva de personas a las instalaciones municipales en busca de información y para tramitar solicitudes relacionadas con los informes de vulnerabilidad.
En concreto, la OAC Social ha atendido a 260 personas más, mientras que el conjunto del resto de oficinas ha alcanzado nuevamente su capacidad máxima, con cerca de 1.000 atenciones en un solo día, mayoritariamente vinculadas a este procedimiento.
Con ello, el total de personas atendidas asciende ya a 1.360 en la OAC Social desde el pasado miércoles, a las que se suman más de 4.000 en el conjunto del resto de oficinas del Ajuntament.
Asimismo, el número total de solicitudes de informes de vulnerabilidad acumuladas hasta la fecha asciende ya a 1.860, lo que confirma un escenario absolutamente insostenible para los servicios municipales. Todo apunta, además, a que el volumen de peticiones seguirá aumentando en los próximos días, agravando aún más una situación que el Ajuntament no puede asumir en solitario y que padecen los ciudadanos de Palma, que ven colapsados unos servicios a los que deben poder acceder para obtener información y realizar trámites.
Agresión en Pere Garau
Por otro lado, este escenario ha provocado situaciones de nerviosismo y tensión en distintas oficinas a lo largo de la jornada. Así, en la OAC de Pere Garau se ha registrado una agresión a una persona que esperaba ser atendida, lo que ha requerido la presencia de la Policía Local.
Ante esta situación, la Policía Local reforzará su presencia en las oficinas municipales y se ha solicitado a Delegación de Gobierno la presentación de efectivos de Policía Nacional para garantizar la seguridad y proteger tanto a los trabajadores públicos como a los ciudadanos.
El alcalde, Jaime Martínez Llabrés, ha reiterado que “esta situación es consecuencia de una medida impulsada por el Gobierno central de manera unilateral, sin planificación, sin dotación de recursos y sin coordinación con las administraciones locales, que son las que están asumiendo en primera línea todas las consecuencias del proceso”.
Asimismo, considera inaceptable las declaraciones realizadas este lunes por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, exigiendo a los ayuntamientos de Baleares que adapten sus recursos para hacer frente a la regularización.
Con motivo de la apertura del plazo de atención presencial para tramitar la regularización, el delegado ha asegurado que “no hay caos” en el inicio del proceso y que la jornada ha transcurrido “con normalidad”, basándose en los datos de atención con cita previa registrados en los organismos de competencia estatal, como Correos o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde, según los datos que ha aportado, en el día de hoy se han registrado 44 citas previas en la Seguridad Social y 88 en las oficinas de Correos.
Esta situación contrasta frontalmente con la realidad que se vive en las oficinas municipales de Palma, donde sí se está produciendo un colapso evidente, al ser los ayuntamientos quienes están absorbiendo la atención directa del proceso y asumiendo la tramitación de los informes de vulnerabilidad.
Además, el propio delegado ha reconocido que no se conoce con exactitud el número de personas que podrían acogerse a este proceso, lo que evidencia que se trata de una medida sin evaluación real de impacto y sin planificación adecuada.
Ante esta situación, el alcalde de Palma vuelve a reiterar que “esta transferencia de responsabilidades sin recursos es inasumible”, y ha exigido al Gobierno de España que adopte “de manera urgente las medidas necesarias para asumir directamente la gestión del proceso, dotarlo de medios suficientes y garantizar tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de los servicios públicos”.
