Acusan al alcalde de dar un trato desigual a las familias de las viviendas municipales.
Més per Marratxí denuncia con contundencia que el alcalde, Jaume Llompart, ha propiciado un trato desigual a familias que se encontraban en una situación prácticamente idéntica: todas residían en inmuebles municipales y todas se vieron obligadas a abandonarlos por orden directa o actuación del propio Ayuntamiento.
Exponen que las familias de Gómez Ulla han sido realojadas en viviendas protegidas del IBAVI con contratos de alquiler de siete años, mientras que las de Sant Alonso solo han accedido a viviendas de emergencia temporales y totalmente condicionadas.
Més ha necesitado más de ocho meses, múltiples solicitudes de información, una reiteración, una impugnación e incluso la oferta formal para consultar el expediente de manera presencial para poder reconstruir los hechos y destapar la injusticia. La información ha sido entregada de forma fragmentada e incompleta, obstaculizando gravemente la labor de fiscalización que corresponde por ley a los concejales de la oposición.
Opacidad institucional bajo la lupa
Tras más de ocho meses exigiendo transparencia y habiendo logrado recomponer solo una fracción del expediente, Més concluye que la documentación justifica el desalojo de las viviendas de Gómez Ulla para ejecutar una futura promoción de viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, el texto sigue sin justificar bajo ningún concepto por qué estas familias han recibido una solución habitacional mucho más favorable que las de Sant Alonso.
“Hablamos de dos realidades muy similares que han recibido dos respuestas completamente distintas. Las familias de Gómez Ulla disfrutan hoy de viviendas nuevas del IBAVI con contratos de alquiler de siete años. Las familias de Sant Alonso siguen atrapadas en viviendas de emergencia, temporales y condicionadas. Esta flagrante diferencia es lo que el alcalde aún no ha sido capaz de explicar”, afirma tajante la portavoz de Més, Aina Amengual.
Desde Més recuerdan que, cuando se formalizó el convenio con el IBAVI para destinar cinco viviendas a los afectados de Gómez Ulla, el Ayuntamiento ya conocía a la perfección la crisis de Sant Alonso, dado que su desalojo se había ejecutado meses antes. A pesar de la gravedad de la situación, en toda la documentación analizada no figura ningún informe técnico comparativo ni motivación jurídica que explique por qué unas familias accedieron a una estabilidad de siete años y las otras a un techo estrictamente temporal.
Desigualdad en el régimen de permanencia
La brecha de desigualdad es aún más sangrienta al comparar la permanencia. Mientras unos blindan su futuro a largo plazo, el propio alcalde, Jaume Llompart, advirtió en una reunión a una de las familias de Sant Alonso que su continuidad en la vivienda de emergencia peligraría si mejoraba su situación económica. En dicho encuentro estuvieron presentes la portavoz de la PAH, Àngela Pons, y la portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual.
“Si la situación económica es el baremo para mantener una vivienda de emergencia, nos preguntamos por qué esa misma exigencia no se aplica a las familias de Gómez Ulla. El Ayuntamiento se mantiene en un silencio absoluto”, señala Amengual.
La portavoz insiste en que la formación no cuestiona el derecho al realojo de los vecinos de Gómez Ulla: “Lo que cuestionamos es por qué esa misma oportunidad se le denegó a las familias de Sant Alonso. No pedimos recortar derechos a nadie; exigimos que el Ayuntamiento explique por qué unas familias han recibido un trato de favor frente a otras que compartían la misma condición de vulnerabilidad”.
Més denuncia además que este debate clave para el municipio se habría producido mucho antes si el gobierno local no hubiera levantado un muro de opacidad. Desde noviembre de 2025, el grupo municipal ha batallado con solicitudes de información e impugnaciones. Sin embargo, una parte crucial de los documentos esenciales no fue liberada hasta junio de 2026.
A día de hoy, el expediente sigue incompleto. El grupo municipal llegó a ofrecerse a consultar la documentación in situ, renunciando a copias con datos personales para respetar escrupulosamente la ley de protección de datos, pero la alcaldía rechazó de plano esta vía.
“Los concejales no perdemos nuestros derechos por estar en la oposición. La ley nos ampara para acceder a la información necesaria para fiscalizar al gobierno. Lo que no puede hacer un alcalde es decidir arbitrariamente qué información esconde y cuál enseña”, denuncia con fuerza Amengual.
La portavoz de Més ha concluido exigiendo explicaciones públicas e inmediatas al alcalde ante esta inadmisible discriminación: “Cuando hablamos de vivienda pública en Marratxí, todas las decisiones deben guiarse por los principios inquebrantables de igualdad, objetividad y transparencia. Y eso es precisamente lo que, tras devorar la documentación, seguimos sin encontrar”.
